Ante la vulnerabilidad que sufren los trabajadores sexuales del país, quienes son víctimas de la violencia del gobierno y de los particulares que los explotan, diversas organizaciones sociales dieron a conocer una propuesta para regular su labor y dotar a quienes la ejercen de derechos laborales plenos.

Yadira Ivonne Oriel, del colectivo Estamos Presentes, señaló en conferencia de prensa que dicha iniciativa pretende hacer visibles las necesidades de quienes se dedican al sexoservicio, para garantizar el reconocimiento de sus garantías básicas en materia de trabajo, salud, educación y capacitación.

Asimismo, explicó que de esta forma podría combatirse la trata de personas, la prostitución infantil, la homofobia, los feminicidios y la desaparición de niños, niñas y mujeres, entre otras formas de violencia ejercidas por la sociedad patriarcal y machista.

Se requiere una política de Estado que destierre actitudes discriminatorias, una ley transversal que reconozca nuestra actividad a escalas federal y local, la cual repercuta en otras leyes ya existentes, enfatizó Oriel, quien lamentó la falta de interés de varios partidos políticos en el Senado cuando se les expuso el documento.

La iniciativa será presentada por el diputado federal petista Arturo López Cándido antes de finalizar el actual periodo de sesiones, confirmó Erwin Fonseca, asistente del legislador.

En tanto, Aarón Villa, del colectivo Trova Cósmica, indicó que aunque no hay cifras confiables sobre el número de trabajadores sexuales en el país, se calcula que solamente en la zona de La Merced, en la delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal, hay más de 3 mil mujeres que se dedican a esta labor.

El hecho de que la prostitución no sea considerada delito, sino sólo falta administrativa, provoca diversas lagunas jurídicas que sólo benefician a los particulares y a los servidores públicos que explotan y agreden a los sexoservidores, lamentó.

A diferencia de países como Holanda y Alemania, que reconocen al trabajo sexual como una actividad con derecho al respaldo jurídico, la seguridad social o el seguro de desempleo, en México el estigma les exige ejercer su labor en la clandestinidad y el anonimato, extorsionados por lenones, policías y hoteleros, dijo.