Las tarifas de agua se deben cobrar de acuerdo con el poder económico de los habitantes y no se podrá llevar el agua hasta cada vivienda, pero sí acercarla lo más posible para cumplir con este derecho humano garantizado en la Constitución desde 2012, sostuvo Roberto Ramírez, subdirector jurídico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Durante el foro Derecho humano al agua, convocado por la Unesco y El Colegio de México, entre otras instituciones, el funcionario sostuvo que se trabaja en la elaboración de una ley general de aguas –tras las modificaciones a la Constitución–, la cual permitirá hacer una distribución de competencias entre los tres niveles de gobierno.

En su intervención refirió que se contempla la participación oficial con tres obligaciones: primero, que las personas que gozan del derecho lo sigan teniendo; segundo, proteger, es decir que los estados deben evitar la contaminación de las fuentes de agua por agentes externos, y tercero, cumplir, con lo cual se deben garantizar las condiciones necesarias para que todas las personas pueda disfrutar del recurso.

Sostuvo que una ley general de aguas, a diferencia de una federal, implica no sólo la distribución de competencias en los tres órdenes de gobierno, sino también en los sectores privado y social, así como permitir políticas nacionales en materia del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

Dijo que ahora se podrá regular lo que hace el municipio, los estados y la federación. En cuanto al acceso al recurso, dijo que se debe establecer un mínimo vital para la población, y también definir los alcances de asequible, lo cual quedó establecido en la Constitución. Se debe plasmar, indicó, la forma en que el agua y la infraestructura debe estar al alcance físico adecuado y de modo seguro. Estamos viendo como cumplir con esta cobertura universal y cumplir con el derecho humano al agua.

Precisó que el tema de accesibilidad no significa que todas las casas tengan una toma domiciliaria, sino acercar lo más posible el acceso del recurso a las poblaciones de forma que ellas puedan acudir de una forma sencilla y cercana al agua.

Por su parte, Caridad Canales, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dijo que se debe asegurar el acceso básico al derecho, sin discriminación. Indicó que en acceso al agua potable la región rebasa la meta siete de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.