ingún empresario medianamente inteligente estaría dispuesto a sacrificar sus cuantiosas utilidades ante eventuales cambios –así sean mínimos– en los privilegios fiscales que el gran capital ha gozado durante largos años. Ninguno, salvo Germán Larrea –aunque sólo sea en la retórica–, dueño de Grupo México, el zar del cobre, quien de nueva cuenta amenaza con dejar de invertir en el país si el Congreso aprueba el cobro de un nuevo derecho (7.5 por ciento) a la extracción minera, previsto en el paquete económico para 2014.

La airada reacción de Larrea (el tercer empresario más rico de México, con una fortuna de 16 mil 700 millones de dólares, de acuerdo con Forbes) se hizo pública al mismo tiempo que su empresa presumía utilidades netas por casi 6 mil millones de pesos en tan sólo tres meses (el tercer trimestre de 2013, 40 por ciento más que en igual periodo de 2012) y ventas totales superiores a 30 mil millones en igual lapso.

¿Qué empresario con esas abultadas ganancias amenazaría con dejar de invertir en el país y, llegado el caso, abandonar los jugosos negocios que el propio gobierno mexicano le ha procurado con los bienes de la nación? Germán Larrea, quien en el transcurso de los dos gobiernos panistas incrementó sus utilidades netas en más de 2 mil por ciento, hasta acumular 14 mil millones de dólares, y multiplicó su fortuna personal por 17, de acuerdo con Forbes, al pasar de mil millones en 2001 a 16 mil 700 millones de billetes verdes en 2012, algo que ni de lejos hubiera logrado de cumplir sus no pocas amenazas.

Pero como no tiene llenadera, de nueva cuenta recurre a su práctica de chantajear a propios y extraños, en el entendido de que ese truco siempre le ha dejado pingües beneficios, especialmente con las débiles autoridades gubernamentales que todo le han concedido. Por ejemplo, Germán Larrea (amante de los caballos de pura sangre y enemigo de la prole) se quedó con prácticamente todo de la ex paraestatal Ferronales (por cortesía de Zedillo), participa activamente en la generación de energía eléctrica y en la industria petrolera (gracias a Fox y Calderón), anuncia que se convertirá en uno de los principales proveedores nacionales de servicios de perforación petrolera (reforma energética de por medio) y se ha quedado con aeropuertos otrora del Estado, entre otros enjuagues. Y quiere más.

Pero su gran negocio es la ex paraestatal Compañía Minera de Cananea, después Minera de Cananea y hoy (tras reventar la huelga y arrasar con los trabajadores, con el apoyo de la Policía Federal) denominada simplemente Buenavista del Cobre. En diciembre de 2007, este personaje amenazó con un posible cierre de operaciones en dicha mina y la liquidación de los trabajadores, debido a la huelga legalmente estallada por el indoblegable Sindicato Nacional de Mineros. Lo mismo hizo en mayo de 2006, cuando advirtió sobre la posibilidad de cerrar la mina San Martín, en Zacatecas, la mayor mina subterránea del país.

¿Qué logró? Más concesiones mineras y, tal vez lo más importante, el inmediato incremento del precio internacional del cobre a un máximo en ese entonces de 8 mil 110 dólares la tonelada, con lo que su de por sí jugoso negocio adquirió dimensiones de ensueño. Eso sí, nunca cerró centro de producción alguno, pero a los mineros de Cananea, y a la población en general –que vivía de la derrama económica de la mina–, les cobró la afrenta: con la ayuda de Calderón, reventó la huelga, golpeó por doquier, despidió a los trabajadores, creó otra empresa e importó mano de obra de estados tan lejanos como Oaxaca.

El actual dueño de Grupo México heredó fortuna y poder de su padre (Jorge Larrea Ortega, El Azote), quien, muy amigo de Salinas, se quedó con la Compañía Minera de Cananea, por la que, se supone, pagó 475 millones de dólares, cuando en los hechos valía muchísimo más, al contar con voluminosas reservas minerales probadas hasta, cuando menos, el año 2071. Se estima que alrededor de 70 por ciento de su fortuna proviene de las utilidades obtenidas en dicho centro minero, sin olvidar las gracias fiscales.

Hinchado de dinero, rodeado de un ejército de ex funcionarios, cobijado por Fox (después Calderón), impune y odiado, Larrea incrementó su negro historial con la explosión en Pasta de Conchos (19 de febrero de 2006), en donde murieron 65 mineros, 63 de los cuales permanecen sepultados bajo toneladas de roca. Al quinto día de la tragedia y con el aval gubernamental, la empresa canceló las labores de rescate. Siete años después se mantiene impune, pero no ceja en su guerra sucia contra el sindicato minero y su dirigente nacional, quien lo acusó de homicidio industrial.

Larrea ha sido copiosamente demandado en México, Estados Unidos y Perú, en especial por los trabajadores, dada la permanente violación del contrato colectivo. Pero su pasión por los pleitos judiciales lo ha llevado a una demanda, promovida por la británica Infund LLP, por incumplimiento de contrato (firmado en 2003) por casi 75 millones de dólares (que lo obligaba a entregar 65 millones de acciones del Grupo México). Infund jamás las recibió. Por ello, en junio pasado un juez en Londres congeló los valores en disputa y restringió su transferencia y poder de voto mientras se mantenga el litigio, al tiempo que ordenó la comparecencia directa del empresario ante tribunales de aquel país, lo que también ha incumplido.

En fin, esa es parte de la truculenta historia del amenazante empresario que ha construido su enorme fortuna con base en los bienes de la nación y los privilegios fiscales, y que se niega a retribuir al país. La fórmula del chantaje le funcionó a la perfección con la dupla panista. ¿Le funcionará con Peña Nieto?