l 23 de octubre pasado, México compareció, por segunda ocasión, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CoDH), con el propósito de exponer, en el marco del Examen Periódico Universal, la situación de los derechos humanos en nuestro país.

El consejo se estableció en 2006, como resultado de una propuesta de reforma del secretario general de la ONU, encaminada a dotar a la organización de un órgano capaz de considerar objetivamente la situación de los derechos humanos en todos y cada uno de sus estados miembros.

Para ello, el consejo desarrolló como herramienta innovadora el Examen Periódico Universal (EPU), un ejercicio de evaluación en el que participan cada cuatro años todos los miembros de la ONU. El EPU es una revisión entre pares que se lleva a cabo en un plano de igualdad y la cual se basa en información provista por tres diferentes fuentes: el propio Estado evaluado, mecanismos especializados en derechos humanos de la ONU y organizaciones de la sociedad civil.

Hace unos días, México presentó su informe en el que reiteró a la comunidad internacional su apertura al escrutinio y continua disposición al diálogo con todos los actores involucrados e interesados en la situación de derechos humanos en nuestro país.

Uno de los principales resultados de este ejercicio fue haber confirmado los avances que se han registrado desde nuestra primera evaluación ante el EPU, en 2008, entre los cuales destacan: las reformas a la Constitución en la materia, las adecuaciones legislativas y las políticas públicas recomendadas entonces, en ámbitos como la justicia militar, protección a defensores y periodistas, así como reparación integral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

En este foro quedó de manifiesto que México ha tenido avances concretos en la promoción, respeto y protección a los derechos humanos.

Uno de los puntos centrales de la presentación se ubicó en los logros obtenidos en el ámbito de los derechos humanos, gracias al acuerdo y al acompañamiento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil, así como de organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, capaces de impulsar una agenda conjunta.

Asimismo, se dio a conocer la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos, que será fundamental para consolidar una política de Estado que involucre a todas las autoridades y a la sociedad civil para implementar la reforma constitucional en la materia.

La evaluación presentada ante la ONU fue el resultado de un proceso incluyente y abierto en el que participaron no solamente los tres poderes de la Unión, sino también las organizaciones de la sociedad civil, que identificaron desafíos y, más importante aún, aportaron valiosos insumos. La participación del gobernador de Cohauila, en representación de la Conferencia Nacional de Gobernadores, merece ser destacada.

De este proceso evaluatorio que se realiza entre los propios países que integran el Consejo de Derechos Humanos se derivan, en el caso de México, 176 recomendaciones. En otros casos de estudio, otras naciones tuvieron resultados similares: Alemania recibió 200, Brasil 170, Japón 174, Australia 145, Cuba 297, la Federación de Rusia 231, Argentina 118 y China 250, por citar algunas.

En sus diversas intervenciones, los países que integran este mecanismo tuvieron amplias coincidencias respecto de los avances que México ha tenido en el ámbito de los derechos humanos. Nuestro país fue reconocido por sus avances en 29 rubros relacionados con las garantías individuales. 43 naciones destacaron las reformas constitucionales en la materia y 25 se refirieron de manera positiva a la ley de defensores y periodistas. Otros estados apoyaron el Pacto por México, reconocieron los esfuerzos para erradicar la violencia contra las mujeres, destacaron el Plan de Desarrollo y dieron la bienvenida a la Cruzada Nacional contra el Hambre.

El proceso del EPU ha sido, sin lugar a dudas, positivo para los mexicanos. El consenso internacional indica que hoy nuestro país se encuentra en una mejor situación en materia de derechos humanos. La evaluación de los retos en esta materia nos obliga a continuar elevando nuestros estándares nacionales y, con ello, adoptar las medidas necesarias para superarlos.

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