esde la década de los 50 del siglo pasado, cuando Brasil vivió la mayor movilización popular de su historia –la campaña que bajo la consigna ‘el petróleo es nuestro’ llevó al entonces presidente Getulio Vargas a crear la estatal Petrobras y determinar que el crudo es patrimonio del Estado–, pocos cambios fueron introducidos en la legislación reguladora del sector.

Uno, y de los más polémicos, en el gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso: se abrió la posibilidad a cualquier empresa, estatal o privada, de cualquier país, de ganar, en subastas públicas, el derecho a explotar los campos petrolíferos brasileños. La estatal Petrobras debería asociarse a ellas, o con ellas disputar ese derecho. El petróleo siguió siendo patrimonio nacional, pero, mediante pago de royalties, podría ser explotado por cualquiera.

Hace seis años, cuando fue comprobada la existencia de inmensos yacimientos de petróleo en aguas ultraprofundas, a más de 6 mil metros bajo el espejo de agua –es decir, abajo del fondo más hondo del mar, en la llamada ‘camada de presal’–, Luis Inacio Lula da Silva decidió cambiar las reglas. El nuevo marco regulatorio para el sector, elaborado junto a su entonces jefa de gabinete y actual presidenta, Dilma Rousseff, determina que la estatal Petrobras tendrá necesariamente 30 por ciento de participación en el consorcio ganador, y además será su operadora principal.

Al Estado brasileño le tocará, además de un bono, una participación mínima de 41.65 por ciento del petróleo extraído, luego de que se cubran los gastos de producción. El sector privado, amparado por análisis de economistas de corte neoliberal, puso el grito en el cielo. Se pronosticó un fracaso estruendoso e inevitable, ya que la excesiva intromisión del Estado agredía los sagrados derechos de la sacrosanta entidad llamada ‘mercado’.

El primer gran test ocurrió el pasado lunes, cuando se llevó a subasta el campo Libra, cuyas reservas comprobadas oscilan entre 8 mil y 12 mil millones de barriles. Es el mayor campo petrolífero ofertado en el mundo. Las estimaciones iniciales indican una producción de un millón 700 mil barriles diarios.

El gobierno había previsto la participación de hasta 40 empresas. Al final, se presentaron once. En la lista de los habilitados había ausencias clamorosas: gigantes como las estadunidenses Exxon-Mobil y Chevron (las dos mayores, más poderosas y más ávidas petroleras del mundo), y la British Petroleum se abstuvieron.

Las ganadoras fueron cuatro empresas que se unieron en un consorcio sorprendente: la estatal brasileña Petrobras, las privadas Total, de Francia, y Shell, de capital anglo-holandés, además de las estatales chinas Cnooc y la CNP.

¿Ha sido un buen resultado? La respuesta más precisa es que ha sido el resultado posible. El Estado brasileño se hizo con un bono de 15 mil millones de reales (algo como 7 mil millones de dólares), que seguramente contribuirán para su ajuste fiscal.

En todo caso, y como siempre conviene recordar, algo es algo. Las expectativas se concentraron en la posibilidad de que las participantes se integraran en tres o cuatro grandes consorcios. Con eso, habría disputa y el grupo que ofreciera el mayor bono y un porcentaje superior se quedaría con el campo. Pues nada: los sobrevivientes se unieron y adquirieron la concesión por los valores mínimos establecidos.

Para el gobierno de Dilma Rousseff ha sido un alivio. Con la decisión, poco o nada se agregará a su campaña para la relección el año que viene. Pero si no hubiera siquiera una propuesta, el fiasco sería munición pesada para sus adversarios.

El consorcio surgido a última hora prevé que las chinas Cnooc y CNP participen con 10 por ciento cada. Shell y Total, 20 por ciento cada una. Petrobras tuvo que entrar con otro 10 por ciento, además del 30 por ciento obligatorios, sumando la participación de 40 por ciento. Es la mayoritaria en términos individuales.

Shell y Total cuentan con experiencia y buena tecnología. Petrobras tiene, además, la que es considerada la más desarrollada tecnología en este segmento específico. Los chinos no tienen ni una cosa ni otra, pero tienen dinero, y mucho. Están claramente dispuestos a entrar con fuerza en el sector energético brasileño. No es delirante suponer que terminen por financiar parte significativa de las inversiones requeridas, y que rondan la alucinante cifra de los 100 mil millones de dólares en menos de cinco años.

La primera subasta de un campo del presal brasileño despertó críticas de los sectores de un nacionalismo más radical. Sindicatos, movimientos sociales y pequeños partidos que se sitúan a la izquierda del PT dicen que se violentó la soberanía. El gobierno argumenta que es todo lo contrario: el subsuelo sigue siendo patrimonio del Estado, y la presencia obligatoria de Petrobras en cualquier consorcio refuerza esa garantía.

De todas formas, queda un consuelo: no hubo exactamente una subasta, pero hubo un consorcio vencedor. Algo es algo. A ver qué pasa en la próxima oferta.