n el mundo no se define aún la forma más adecuada para organizar el suministro de electricidad. O como gustamos decir muchos, el servicio público de electricidad. Para algunos se trata de la producción y comercialización de una mercancía más. En consecuencia la organización de la industria eléctrica –como todas– debe seguir lo más fielmente las llamadas leyes del mercado: 1) competencia donde se pueda; 2) regulación donde se deba. Pero nunca lo olvidemos hay fallas del mercado. La teoría es profusa. Hay quienes –por lo demás– gustan sintetizarla en una aporía: mercado o Estado.

El debate no es nuevo. La historia del pensamiento económico da cuenta de las discusiones sobre la organización de la sociedad para disponer de sus bienes básicos. Lo útil, lo conveniente, lo necesario, lo grato, dice Adam Smith. Los bienes de ornamentación o los bienes de subsistencia, dice Quesnay. Pero en esta perspectiva histórica sí es relativamente nuevo para la industria eléctrica, en la que –antes y de manera tradicional– se hablaba de un monopolio natural que, en algunos casos, era manejado por empresas estatales y, en el otro, por empresas privadas reguladas por el Estado. Vinieron los años 80 y –por múltiples razones– el ánimo de restructurar no sólo éste sino muchos servicios público, agua, telecomunicaciones, servicios urbanos. Así, y sobre todo desde principios de los 90, comenzaron procesos de restructuración de la industria eléctrica en muchos países. Han pasado más de 20 años de ello.

Por cierto, un paréntesis: ¿sabe usted cuántos expositores del asunto energético en las mesas oficiales del Senado hablaron de esta experiencia en el mundo, de sus aciertos y sus fallas, de sus pros y de sus contras? ¡Acertó! ¡Ninguno! Bueno, pero lo cierto es que hoy –pese a todo– todavía no sólo no hay consenso o acuerdo unánime sobre lo que debe o no debe hacerse para suministrar el fluido eléctrico a las diversas sociedades en el mundo, sino –ni siquiera– opiniones claras sobre el tipo de restructuración que debiera comportar un ánimo absoluto, mayoritario por instaurar –como en el caso de México se pretende hoy– un mercado de electricidad. Y ¿de qué tipo? ¿Con qué mecanismos de control y regulación? Tampoco lo olvidemos nunca. Todavía hoy la electricidad no se puede almacenar masivamente para atender, con ese almacenamiento, los requerimientos inmediatos –instantáneos, incluso– del fluido eléctrico. Y no se puede importar masivamente y para todos los caso, a diferencia –por ejemplo– del petróleo, de las gasolinas e, incluso y con muchos segunes, del gas natural.

Los especialistas de muchos años hacen señalamientos muy interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, el de la severa y aguda revisión del mercado eléctrico británico que pasa por un momento muy delicado en virtud de la inevitable elevación de tarifas que se viene en el futuro próximo, y por un buen tiempo. El gobierno, por cierto, pide comprensión anticipada. ¿Por qué? Porque además de los tres objetivos energéticos sustantivos formulados en el Reino Unido –seguridad, sostenibilidad y accesibilidad– existen dos imperativos fundamentales cuyo cumplimiento es complejo: descarbonización y aliento a energías renovables y limpias; es decir, mitigación y abatimiento de emisiones de gases de efecto invernadero e impulso a viento, sol, el vapor geotérmico y la energía nuclear, con todo y la polémica que su simple mención supone.

Otro –ejemplar en cierto sentido– es el del mercado eléctrico en la zona noreste de Estados Unidos, el famoso PJM electricity market (en alusión a Pennsylvania, Nueva Jersey y Maryland) que hoy integra a Delaware, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Michigan, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Virginia, Virginia del Oeste y el Distrito de Columbia. Bueno pues en este buen ejemplo –entre muchísimos fallidos Estados Unidos, como California– hoy se plantean serias dudas sobre la suficiencia de ingresos para contar en su futuro próximo con la capacidad instalada, donde y cuando se necesite. En otros ejemplos –siguen diciendo los especialistas– no sólo hay retos institucionales severos, sino una controversia política muy intensa. Son los casos de Corea del Sur, Japón y Singapur. Y otros en los que, pese a ciertas experiencias de restructuración, se ha agudizado el debate técnico y la controversia política, no sólo por las consistentes fallas que han experimentado diversos intentos de organización de un mercado eléctrico, sino por el carácter divergente y fragmentado de algunas de ellas, que no sólo han impedido que se resuelvan agudos problemas de pérdidas y robos de energía, sino de fallas continuas en el suministro, como en India.

No se puede dejar pasar por alto la importante experiencia del mercado eléctrico de Chile que –a decir de muchos especialistas– ha sido exitoso. Y, sin embargo, tampoco se puede obviar el ánimo del gobierno de este querido país, por lograr una integración eléctrica regional ya no sólo con algunos países como Argentina, Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador, para compartir recursos y lograr una baja de tarifas, sino aun de los cuatro sistemas regionales aislados en las que se divide un sistema eléctrico cuya dimensión total equivale a la tercera parte del sistema eléctrico mexicano. Sí, hay un debate sobre los mecanismos que garanticen su viabilidad en el mediano y largo plazos.

El caso europeo también exige reflexión. No sólo por la complejidad que entraña la participación, por un lado, de un sistema eléctrico como el francés en el que 70 por ciento de la capacidad instalada es nuclear, con costos de operación muy bajos y, por el otro, un sistema como el alemán que renunció a lo nuclear desde 2005 y se cargó a las renovables con todas sus ventajas y sus problemas, y en el que, por cierto, hay una movilización muy fuerte en contra la gasificación del sistema eléctrico, derivada de la explotación del gas shale, en lo fundamental por la oposición alemana al famoso fracking. Hay muchos ejemplos más. De uno y otro tipo. En este marco, ¿qué se propone en México? No sabemos mucho todavía. Sólo que es preciso –gobierno dixit– modificar la Constitución para crear un mercado competitivo de electricidad con una empresa estatal fuerte. Con sólida regulación. Red estatal. Y con contratos y concesiones en distribución. Eso dicen. Nada más.

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