La reforma energética requiere atacar el alto grado de corrupción prevaleciente entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y el sindicato que dirige Carlos Romero Deschamps, afirmó Luis Rojas, ex legislador perredista, especialista en el tema.

Para conseguirlo, agregó, es necesario eliminar la participación de la cúpula sindical en el consejo de administración de la paraestatal, en el cual prevalece el tráfico de influencias en beneficio de los representantes sindicales que, amparados en la cláusula 34 del contrato colectivo de trabajo (CCT), participan mediante sus empresas en los concursos, las licitaciones y la asignación de obras de Pemex y sus filiales.

Se puede cuestionar si (los dirigentes sindicales) son trabajadores de la empresa o empresarios, pues gozan del beneficio de cobrar en ambas partes, pero su sueldo en Pemex lo usan para pagar las propinas de sus comidas.

Al participar en el foro El debate público de la reforma energética, organizado por la bancada perredista en la sede de Xicoténcatl del Senado, Rojas destacó que el PRI no ha hecho ninguna propuesta para acotar la participación del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), el cual ejerce un gran poder en la dirección de los recursos humanos de la empresa.

Por el contrario, el gobierno federal ha dado facultades a la cúpula sindical para que tenga una intromisión directa en la administración de Pemex.

¿Qué compromisos hizo Enrique Peña Nieto con el dirigente sindical Carlos Romero Deschamps, que a través del STPRM entregó 500 millones de pesos para la campaña presidencial del primero?, cuestionó.

Indicó que para sanear la paraestatal, eliminar el tráfico de influencias y la corrupción se requiere, en principio, acotar la participación del gremio, cuyos dirigentes deben estar fuera del consejo de administración

Rechazan cambio constitucional

Es necesario modificar la cláusula 34 del CCT, fortalecer la dirección de recursos humanos mediante una correcta planeación, aprovechar el conocimiento de los trabajadores de Pemex y restituir la autoridad de los mandos intermedios por ser los responsables de la operación de la empresa.

Habló de la corrupción entre directivos de Pemex –citó el caso de César Nava, ex director jurídico, acusado de participar en un presunto fraude en perjuicio de la paraestatal– y los grandes proveedores de la petrolera, y propuso crear mecanismos de control y sanción efectivos para evitar que los funcionarios se vendan en los corporativos y en el extranjero.

Coincidió con los especialistas Ifigenia Martínez, Carlos Huerta, Ángel de la Vega y Gerardo Bazán en que no es necesario modificar la Constitución para hacer de Pemex una empresa rentable.

De la Vega advirtió que modificar el artículo 28 constitucional tendría implicaciones en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque si bien quedaron fuera los recursos energéticos en 1994, cuando se firmó ese acuerdo con Estados Unidos y Canadá, un cambio podría comprometer los recursos estratégicos de la nación.