uego de 13 años de injusto encarcelamiento, el profesor tzotzil Alberto Patishtán será liberado hoy, según anticipó la víspera el presidente Enrique Peña Nieto, al amparo de las reformas recientes al Código Penal Federal, que facultan al Ejecutivo para que, de manera excepcional, pueda conceder el indulto por cualquier delito del orden federal o común cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada y cuando los acusados no representen un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas.

La excarcelación es en sí misma un hecho positivo por cuanto implica la rectificación de la profunda injusticia cometida contra Patishtán y porque constituye una muestra de voluntad política y de ejercicio saludable de los contrapesos entre los poderes de la Unión.

Vistas en el contexto de lo estrictamente jurídico, sin embargo, las condiciones en que se produce la excarcelación del indígena tzotzil son indicativas del extravío y la descomposición imperantes en el sistema de justicia del país. Es exasperante que después de 13 años y, tras agotar todas las instancias jurisdiccionales nacionales –incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación–, el indulto próximo ponga en evidencia que el Estado se quedó sin recursos legales para reconocer la inocencia manifiesta de Patishtán y para corregir las irregularidades procesales y el encarnizamiento a que fue sometido. En este sentido, el indulto es un mal menor, pero de ninguna manera satisfactorio ante la dimensión de la injusticia perpetrada.

Es pertinente recordar, por otra parte, que las injusticias similares distan de ser excepcionales, como queda asentado en la reforma legal ad hoc recientemente aprobada. En esta ocasión la intervención del Ejecutivo y el Legislativo contribuyeron a aliviar los sucesivos despropósitos cometidos por funcionarios del Poder Judicial, policías y ministerios públicos; sin embargo, no pocas personas estuvieron, en el pasado reciente, o siguen estando, actualmente, en circunstacias parecidas a la de Patishtán, sin que sus casos hayan recibido la atención pública que, a fin de cuentas, ha presionado a la excarcelación, hoy decidida, del profesor tzotzil.

Por último, su liberación no puede ni debe ser vista como un punto final del episodio: antes bien, este hecho debe ser el primero de una serie de acciones orientadas a reparar el daño causado al activista y a sus familiares, entre las cuales debe figurar la investigación de los funcionarios ministeriales que integraron el proceso, así como de los jueces y los magistrados que no remediaron el atropello que cometían al encarcelar a un hombre manifiestamente inocente. Es exigible y deseable, en suma, el deslinde de responsabilidades y la aplicación de las sanciones legales a que dé lugar este grave conjunto de extravíos policiales y judiciales como un primer paso para impedir la persistencia y la repetición de injusticias como la que sufrió Alberto Patishtán durante más de dos sexenios.