La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México llamó a los gobiernos federal y de Guerrero a atender de forma prioritaria las necesidades de la población indígena afectada por la tormenta Manuel, antes que a la inversión turística, dado que aún se reportan 215 comunidades de la Montaña desplazadas y otras tantas incomunicadas por vía terrestre, pese a que la información gubernamental refiere que 60 por ciento de los caminos han sido abiertos.

En carta firmada por 123 integrantes de un centenar de organizaciones defensoras de derechos humanos de 20 estados de la República, subrayaron que Manuel destrozó campos, casas, caminos y centros comunitarios. Indicaron que de 130 decesos registrados en todo el país a consecuencia de los fenómenos meteorológicos –según cifras oficiales– 78 ocurrieron en Guerrero, y casi la mitad de éstos en la región indígena de la Montaña.

Pidieron diseñar un programa emergente de distribución extraordinaria de maíz en dicha región, ya que, afirman, la pérdida de la siembra de este ciclo agrícola y el desabasto palpable que hay en las comunidades se traducen en una fundada preocupación por una posible crisis de abastecimiento del grano, capaz de traducirse en hambruna.

Las atrasos

“Catástrofes como Ingrid y Manuel han dejado al descubierto los problemas estructurales que padece el estado de Guerrero; la falta de participación de las mujeres y de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan directamente su destino; la violencia estructural e institucional contra el sector femenino; la falta de acceso a servicios básicos reflejados en los altos índices de muerte materna; la pobreza y la marginación en la que viven cientos de comunidades, y las constantes agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos, entre muchos otros”, enumeraron.

En la misiva, mencionaron que antes que promocionar actos y congresos turísticos de alto impacto en los destinos del Triángulo del Sol, deben atenderse las necesidades de las comunidades indígenas afectadas, así como los problemas estructurales del estado.

Afirmaron que tan sólo en la región de la Montaña más de 200 mil hectáreas han sido concesionadas a empresas para la exploración y explotación minera, sin que ello signifique el beneficio ni la consulta previa a dichas comunidades y, por otra parte, se encuentra “dentro de los 10 primeros lugares con los más altos índices de feminicidio, violencia, muerte materna, asesinatos, criminalización a la protesta social y violación de derechos humanos contra defensoras y defensores”.

Sólo de 2010 a 2013 se ha registrado en esa entidad el asesinato de seis luchadoras sociales, denunciaron.