egún la información disponible, el tiroteo que tuvo lugar ayer en el aeropuerto internacional de Los Ángeles –el cual dejó como saldo un policía muerto y siete heridos– fue perpetrado por un residente de California de 23 años, quien al momento del ataque portaba una amenaza por escrito contra los integrantes de la Oficina de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y resultó herido de gravedad durante los hechos.
Más allá de la obligada condena hacia este tipo de episodios –que se presentan con lamentable frecuencia en el vecino país–, la agresión de ayer en el aeropuerto angelino pone sobre la mesa el tema de la seguridad interior de Estados Unidos, en cuyo nombre diversas administraciones han definido una política exterior belicista y catastrófica, han recortado libertades civiles y violentado derechos humanos dentro y fuera de su territorio, y han gastado cantidades millonarias de presupuesto público sin que ello se haya traducido en mayor seguridad para los habitantes de la superpotencia.
Debe recordarse a que a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, ese gobierno logró imponer en su país y el mundo una agenda de autoritarismo y paranoia, cuyo primer saldo fue la conversión de los aeropuertos estadunidenses en cuarteles de alta seguridad, con vigilancia y controles férreos, además de tratos degradantes hacia los viajeros, particularmente los extranjeros. Ayer, sin embargo, tales medidas no pudieron impedir que el agresor ingresara con un rifle de asalto a una de las terminales del aeropuerto referido, abriera fuego frente a un control de seguridad y siguiera disparando hasta acceder a la zona de embarque.
En contraste con esa paranoia infértil, el gobierno estadunidense ha sido particularmente ineficaz y omiso en prevenir las expresiones de violencia individual que recurrentemente se presentan en el país y cobran víctimas inocentes: el evento de ayer es el último de una larga cadena de episodios similares entre los que se inscriben la matanza ocurrida en la preparatoria Columbine, en abril de 1999, con 15 estudiantes muertos; el asesinato de 33 jóvenes del Tecnológico de Virginia a manos de uno de sus compañeros, en abril de 2007, y el ataque de diciembre pasado en una escuela primaria de Newtown, Connecticut, que cobró la vida de una treintena de personas, entre ellas 20 niños.
Estos fenómenos tienen como condición de posibilidad indiscutible la desmesurada proliferación de armas de fuego en manos de la población del vecino país, amparada en la anacrónica Segunda Enmienda de la Constitución. A ello se suma una suerte de propensión estructural a recurrir a la violencia que aqueja a la sociedad estadunidense, que se ve reflejada en transtornos individuales como el que se manifestó ayer en el aeropuerto de Los Ángeles y que, sin embargo, no ha sido abordada desde la perspectiva de la política pública por el gobierno de ese país.
Resulta desolador, en suma, que una sociedad que goza de grandes niveles de desarrollo de abundancia en amplios espectros de su sociedad, que se empeña en ostentarse como modelo de civilidad ante el resto del mundo, registre con frecuencia alarmante episodios como los aquí referidos, que denotan justamente un retraso civilizatorio y una propensión a la violencia y a la barbarie.
