l asesinato de un adolescente de 14 años a manos de policías municipales de Huehuetoca, estado de México, derivó ayer en una jornada de violencia en la que decenas de pobladores incendiaron las instalaciones del ayuntamiento y destruyeron varias patrullas. De acuerdo con datos disponibles, el incidente se registró cuando los agentes quisieron disolver una riña entre jóvenes registrada la madrugada del sábado y accionaron sus armas por accidente. Significativamente, ese mismo día murió un joven de 21 años durante una revisión de rutina por parte de policías del municipio de Zapopan, cuando uno de los agentes participantes en la inspección accionó su pistola y la bala se incrustó en el cráneo de la víctima.

Accidentales o no, los homicidios comentados son botones de muestra de la falta de contención y de las prácticas y actitudes abusivas con que suelen conducirse las corporaciones de seguridad de los distintos niveles de gobierno al momento de relacionarse con la población en general, lo que constituye la cara más inmediata de un modelo de poder político en el que se desvirtúa la principal función del Estado, que es preservar la integridad física de la población.

En el caso de los jóvenes, esa tendencia se ve alimentada por una mentalidad institucional que considera en automático sospechosos a los integrantes de ese sector de la población, sobre todo a los de escasos recursos, y tiende a criminalizar por sistema sus hábitos sociales, su forma de vestir y sus formas de comunicación.

Estos elementos se presentan con regularidad exasperante en múltiples situaciones: desde los atropellos, abusos y extorsiones que padecen muchachos y muchachas a manos de uniformados en el contexto de revisiones y operativos policiales en todo el país, hasta las detenciones arbitrarias que se han registrado recientemente durante manifestaciones políticas en el Distrito Federal.

Por lo demás, esas formas de violencia institucional se complementan con otras, como la exclusión económica y educativa derivada del déficit gigantesco de puestos de trabajo y de plazas en las instancias públicas de educación media superior y superior. Adicionalmente, ser joven de sectores no pudientes en el México actual implica estar situado en la mira de la ofensiva conservadora y clerical contra la educación sexual, contra los derechos reproductivos y contra el ejercicio de la identidad y las preferencias sexuales.

La multiplicidad de ejes en que se expresa esta agresividad institucional contra la juventud da cuenta de que eventos como los ya relatados no son excepcionales, sino que se inscriben en un patrón de conducta del Estado hacia uno de los grupos de población más vulnerables.

Es necesario, en suma , un viraje de gran calado en los terrenos de la estrategia económica, la educación, la salud y las políticas sociales y de seguridad, a efecto de otorgar un lugar en la sociedad a ese importante sector de la población en general y garantizar de esa manera sus derechos y su seguridad.