e estima que en República Dominicana han perdido su derecho a la nacionalidad cerca de 244 mil descendientes de extranjeros, de los cuales 86 por ciento son haitianos.

La historia está llena de decisiones aberrantes tomadas por los poderes judiciales de muchos lugares del planeta que la misma historia se ha encargado de corregir. Y aunque esto toma tiempo, no es posible aceptar lo inaceptable, como lo es la violación a un principio fundamental del derecho universal: las leyes no deben aplicarse de manera retroactiva.

Los habilidosos juristas dominicanos, especialistas en el retruécano, dictaminaron que los inmigrantes irregulares están en tránsito, por lo que sus hijos no pueden acogerse al principio de la nacionalidad por nacimiento, vigente hasta 2010.

Es por eso que todos los hijos de inmigrantes irregulares nacidos después de 1929, cuando se definió la modalidad de tránsito, deben regularizar su situación. Ahora existen personas que han estado en situación de tránsito por 84 años.

La sentencia de este tribunal pasará a la historia, como la del juez Roger B. Taney, quien decretó en 1847 que el gobierno federal de Estados Unidos no podía prohibir la esclavitud, que todos los negros esclavos o libertos no eran ciudadanos americanos, el esclavo era una propiedad privada y por tanto podía trasladarse de un estado a otro. Tal decisión fue la gota que derramó el vaso y dio pie a la Guerra de Secesión, entre los abolicionistas del norte y los esclavistas del sur.

El nacionalismo exacerbado en República Dominicana, que finalmente se independiza de Haití y no del yugo español o francés, ha sido abonado por más de un siglo de sentimiento anti haitiano. A esto se suma una condición de clase. Los negros haitianos son los que cortan la caña, limpian los baños, barren las calles y lavan los platos.

También pagan los platos rotos de una política migratoria que favorece la inmigración de mano de obra barata para los pingües negocios de políticos, funcionarios y empresas de capital privado. Hipocresía que se gesta durante el gobierno del dictador Trujillo y prosigue durante los sucesivos gobiernos del tres veces presidente y caudillo Joaquín Balaguer.

Pero el circuito migratorio va mucho más allá de la isla de Quisqueya. En realidad forma parte de un sistema de migración por relevos que involucra a cuatro países. El factor de atracción empieza en Estados Unidos, que se decide a importar mano de obra puertorriqueña en 1946 para el corte de caña en Florida. Esta emigración masiva generó un desequilibrio en el mercado de trabajo de la isla, que se vio compensado por la emigración de dominicanos a Puerto Rico que van a cortar caña, claro.

Pasa lo mismo en República Dominicana: nadie quiere cortar la caña y el puesto vacante lo cubren los haitianos. De este modo, el último eslabón de la cadena de explotación y discriminación racial es Haití. Con el tiempo, el flujo se redistribuye en otras áreas del mercado de trabajo y se consolidan y amplían los circuitos migratorios.

Y ahora los políticos y jueces dominicanos quieren retroceder la rueda del tiempo y arreglar un asunto que por sus propios negocios e intereses habían desatendido durante décadas. La migración irregular se soluciona regularizando a los migrantes, que superan el medio millón. Y tienen todo el derecho a hacerlo.

Lo que no hay derecho es a negar la nacionalidad ya adquirida a todos aquellos hijos de inmigrantes que nacieron antes de 2010, fecha en que cambió la constitución y se suprimió el jus soli o derecho de suelo. Paradójicamente, todos los países que han cambiado el jus soli, ponen ciertos límites a su legislación y tienen derecho a optar por la nacionalidad quienes han vivido cinco, ocho o más años en el país, dependiendo de los casos.

Incluso Alemania, que tenía el sistema más rígido y sólo admitía la nacionalidad por derecho de sangre, ha tenido que recular y ahora acepta que los hijos de inmigrantes opten por la nacionalidad después de haber residido de manera permanente por ocho años. La historia y el sentido común los hizo rectificar.

No obstante, hay que señalar que el argumento del migrante en tránsito para negar la nacionalidad se ha propagado por el planeta. En Chile se le negó la nacionalidad a la hija de una migrante peruana en 2007 con el argumento de que estaba en tránsito y en situación irregular. El asunto pasó a la corte y finalmente esta decisión de tipo administrativo fue recusada y se le concedió la nacionalidad. Lo que sienta un importante precedente.

En República Dominicana pasó lo mismo: en 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió el caso de varios hijos de haitianos nacidos en República Dominicana a los que se les negaron administrativamente los documentos de identidad. Su argumentación fue clara y contundente: la ilegalidad de los padres no la heredan los hijos. Esta decisión que es vinculante, no la tomó en consideración la Corte Constitucional, que sacó a relucir el argumento de la migración en tránsito.

En Estados Unidos, los republicanos que propugnan la derogación de la Enmienda 14 que otorga la nacionalidad por nacimiento, también argumentan que los migrantes ilegales no están sujetos a la jurisdicción del país y que técnicamente están en tránsito, por lo que sus hijos no tienen derecho a la nacionalidad.

Finalmente, en Francia el movimiento UMP se suma a las posiciones del Frente Nacional y postula que se les niegue el acceso a la nacionalidad francesa a los hijos de clandestinos, refiriéndose directamente a los hijos de gitanos nacidos en Francia, de origen europeo y expulsados recientemente.

El genocidio civil, término acuñado en República Dominicana y utilizado por numerosos grupos de la sociedad civil que se oponen a la resolución de la Corte Constitucional, hace justicia al caracterizar correctamente lo que está sucediendo en su país.