La Consejería Jurídica impulsa dos iniciativas para endurecer las sanciones penales contra desarrolladores inmobiliarios y alertar a los nuevos adquirentes de vivienda sobre problemas que pudiera tener alguna construcción y evitar la pérdida de su dinero o verse envuelto en un juicio engorroso, informó el titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), Miguel Ángel Cancino.

Tras las irregularidades detectadas en la aplicación de la Norma 26, se puso a revisión para “dejar bien clara la responsabilidad de todos los que participan desde la construcción hasta la adquisición de una vivienda y establecer mecanismos en el Registro Público de la Propiedad para evitar la venta de un inmueble, cuando existan actos ilícitos detrás “.

Confió en que, la Asamblea Legislativa apruebe dichas propuestas para reforzar el marco jurídico y la ciudadanía no se vea afectada hacia delante y atender lo que detectamos como ilegal, imponiendo las sanciones y anulando los certificados, pues no podemos dejar actos impunes, cuando hay una compra de buena fe.

Hasta el momento, indicó, están en revisión 66 casos y determinar la aplicación de sanciones de entre 5 y 10 por ciento del valor total de la obra a los desarrolladores o el revés a las licencias otorgadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), donde los mayores problemas se encuentran en la falta o alteración de las corridas financieras.

Ante ello, se iniciaron acciones ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Seduvi impulsa tres juicios de lesividad donde podría llegarse a la demolición del inmueble” y se contrató a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en cuyo diagnóstico se analizan las características de la población y los hogares demandantes de vivienda.

Además de sus capacidades de acceso a un bien inmueble, créditos disponibles, estructura de costos de vivienda, diferencias entre la oferta de suelo y vivienda, y los instrumentos jurídicos, precisó el investigador universitario Roberto Eibenschutz.

Por su parte, el titular de la Seduvi, Simón Neumann, aseguró que para garantizar la correcta modificación y aplicación de la Norma 26, preferirán un precepto de calidad, con prórrogas de tiempo de estudio, que cubrir fechas límite, pues la suspensión concluye el próximo 13 de diciembre.

(Con información de Tania Sánchez)