Madrid, 4 de noviembre.

El juez instructor del llamado caso Nóos, José Castro, ordenó el embargo de 16 bienes inmuebles que pertenecen al yerno corrupto del rey Juan Carlos, Iñaki Urdangarin, y a su ex socio, Diego Torres, con el fin de garantizar la fianza de 6 millones euros que fijó la justicia para que puedan permanecer en libertad.

Entre las propiedades que se ven afectadas por esta medida destaca el palacete que compraron la infanta Cristina y su marido en Barcelona, en el lujoso barrio de Pedralbes y que sólo en la remodelación se gastaron 3 millones de euros.

El juez Castro es el titular del Juzgado Provincial de Palma de Mallorca que instruye uno de los casos más polémicos de los últimos años y que además de afectar al yerno del monarca, también investiga una compleja red de corrupción político-empresarial en la que están involucrados dirigentes políticos del Partido Popular (PP, en el poder), empresarios de la construcción, periodistas y hasta funcionarios de alto nivel de la casa real.

El caso Nóos investiga el desvío de más de 13 millones de euros del erario para enriquecer las cuentas personales de Urdangarin y su ex socio, quienes para blanquear el dinero crearon una red de asociaciones sin fines de lucro y empresas que servían a su vez de parapeto para firmar los contratos públicos por trabajos que en ocasiones ni siquiera realizaban.

Fiscal insiste en no citar a la infanta Cristina

Urdangarin utilizó su condición de duque de Palma y de yerno del rey de España para conseguir suculentos contratos públicos, sobre todo en tres autonomías y ciudades gobernadas por el PP: las Islas Baleares y su capital, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid.

El juez Castro dictó un auto en el que embargó los 16 bienes, incluido el 50 por ciento del palacete barcelonés -una vez que la otra mitad pertenece a su esposa-, así como la mitad de otros ocho inmuebles (viviendas y muebles) a nombre de Aizoon SL, la sociedad de la que son propietarios también al 50 por ciento los duques, y que se ubican en Palma de Mallorca y Terrassa (Barcelona).

El resto de las propiedades embargadas pertenecen a su antiguo socio, Diego Torres, y a su esposa, Ana María Tejeiro, también involucrada en la trama.

A pesar de las evidencias que se han acumulado contra la infanta Cristina sobre su profundo conocimiento de las actividades de las sociedades que compartía con su marido y de que incluso utilizaba de forma cotidiana las cuentas, tarjetas de crédito y fondos de esas mismas sociedades delictivas, el fiscal Pedro Horrach entregó un nuevo escrito al juez en el que vuelve a recomendar que no se impute ni se cite a declarar a la hija de los monarcas.

En un gesto atípico y que no respondía a ninguna petición del juzgado, el fiscal también se pronunció sobre una supuesta donación del rey Juan Carlos a los duques de Palma que sirvió para comprar el palacete de Pedralbes y que no se ha aclarado ni su procedencia ni si se declaró a Hacienda.

El fiscal considera que de existir alguna anomalía no tiene consecuencias fiscales ni penales, ya que sería una transacción legítima entre particulares, oportunamente declarada ante la Hacienda pública. Por lo que, consideró, carece de sentido iniciar una investigación a efectos de determinar la posible existencia de una donación encubierta y, en su caso, la cuota presuntamente defraudada, dado que opera el instituto de la prescripción tanto a nivel administrativo como a nivel penal.