egún datos dados a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre enero y septiembre de este año el gobierno federal se abstuvo de ejercer más de 28 mil millones de pesos del total que le fue autorizado por el Poder Legislativo para inversión. Desagregada por sectores, esa falta de inversión representó un faltante de 5 mil 950 millones en salud (casi 45 por ciento menos que el año pasado) 5 mil millones de pesos menos en el sector agropecuario (una caída de 40.9 por ciento), 3 mil 611 millones de inversión no ejercida en protección ambiental (35 por ciento menos) y mil 104 millones en orden público y seguridad (22.4 por ciento menos).
Es decir, el no ejercicio de recursos afectó en forma negativa el cumplimiento de obligaciones fundamentales del Estado y no es fácil, en ninguna circunstancia, entender la lógica de semejante contención del gasto en esos rubros. Más aún, resulta paradójico, cuando menos, que el gobierno federal haya insistido con tanto empeño en hacerse, por medio de la reforma fiscal recién aprobada, de cientos de miles de millones de pesos adicionales cuando, al mismo tiempo, ostenta subejercicios tan abultados como los que refiere la información de la SHCP.
Más allá de esa consideración, abstenerse de realizar inversiones públicas resulta sumamente riesgoso y poco responsable en el contexto de una desaceleración que ha llevado a reducir a una cuarta parte la previsión del crecimiento económico de este año y que se acerca peligrosamente a la recesión.
No debe ignorarse que, incluso tras la devastadora reducción del Estado puesta en práctica por el ciclo de gobiernos neoliberales, el gasto público sigue siendo, pese a todo, el motor principal de la economía y que el designio de reducir en forma discrecional y arbitraria la inversión pública que ya había sido aprobada podría hacer la diferencia entre un crecimiento pírrico y una cifra negativa, con todo y los indeseables efectos que ello conllevaría.
Pero incluso si el país no se encontrara ante un crecimiento claramente insatisfactorio, habría que considerar la gravedad de no aplicar a plenitud los recursos para inversión pública en un contexto social de acuciantes carencias, marginación y pobreza: menos empleos, menores ingresos y un mercado interno anémico e incapaz de dar soporte a la reactivación que se requiere.
Resulta necesario que la autoridad explique por qué ha dejado de realizar inversiones por casi 30 mil millones de pesos (cerca de 10 por ciento del total, si no se incluye a Petróleos Mexicanos). Pero, sobre todo, es necesario que esos recursos sean aplicados a la brevedad.
