l gobierno peñista ha decidido tomar bajo control militar una porción del convulsionado Michoacán. No se ha declarado un estado de excepción en el municipio de Lázaro Cárdenas (con su estratégico puerto) ni hay formalidad jurídica alguna que se haya interpuesto para dar paso a una medida que aun en el marco de descomposición extrema que vive la entidad bajo presunto gobierno del reaparecido Fausto Vallejo tiene significados peligrosos para todo el país y para el tinglado de apariencias de respeto constitucional y prevalencia civil que todavía suele proclamarse aunque sea para fines meramente discursivos.

La decisión de militarizar el mencionado municipio fue ejecutada por la vía de los hechos, con el Ejército desplazando a la policía municipal (con el argumento de que esos agentes, bajo fuerte sospecha de estar al servicio de bandas del crimen organizado, serán evaluados en instalaciones castrenses), la Marina relevando autoridades portuarias (y anunciando que garantizará la seguridad de mercancías y funcionarios en el puerto) y la Policía Federal encargándose de las carreteras.

Cierto es que la situación michoacana ha llegado a un nivel insostenible, pero el uso de la fuerza armada sólo será un paliativo, en el mejor de los casos, si no es que termina esa incursión como en otros lugares, donde los anuncios optimistas de toma de control, recuperación de espacios públicos y reivindicación del Estado de Derecho sólo han generado violaciones, abusos y muertes al por mayor y en términos de gran salvajismo. México acaba de conocer con Felipe Calderón el saldo funerario de esas decisiones fundadas en la visión policiaca y militar. Sería desastroso que la administración de Peña Nieto incurriera en similar preponderancia de las armas.

En Matamoros, Tamaulipas, también se vive un crónico desastre (como en otras ciudades fronterizas y en el resto de la entidad que sobrevive a duras penas a la falta de gobierno real en que la ha sumido el advenedizo Egidio de la Torre, mero elemento decorativo mientras los cárteles regionales ejercen el verdadero poder). Ayer hubo cuando menos 13 muertos en enfrentamientos, según los reportes oficiales que por sistema disminuyen las cuantías verdaderas de esos sucesos. La propia presidenta municipal conminó a la población a guarecerse en sus domicilios ante la violencia habida y la anunciada.

En otro asunto, el joven contador público Ernesto de la Torre Carbajal fue detenido este domingo recién pasado en el aeropuerto capitalino a su regreso de vacaciones de Buenos Aires. Según el relato que se ha difundido en las redes sociales, él y su novia documentaron tres maletas y al llegar a la ciudad de México, habiendo hecho escala el avión de LAN en Lima, Perú, se enteraron de que faltaba una de ellas, de color rosa, pero había otra, negra, que ellos no aceptaban como suya aunque llevaba identificación a nombre de Ernesto. En ella, la Policía Federal encontró que había droga. El caso recuerda el de la maestra jalapeña Ángel de María Soto. En Facebook hay una página, http://on.fb.me/17CsZ42, en la que se pide justicia para el contador De la Torre.

Un inspector de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), plenamente identificado ante esta columna, pero cuyo nombre no se difundirá, señaló que en esta dependencia suceden hechos similares a lo escrito en la entrega anterior respecto a la ofensiva disparidad entre percepciones y prestaciones de la élite del Poder Judicial Federal y su personal operativo: “O aun peores cosas, pues los salarios de mandos medios, de directores hacia arriba, se han incrementado, mientras que en los mandos medios ‘bajos’, como subdirectores y jefes de departamento, no han tenido incremento”.

Por otro lado, señaló ese informante, el personal ope-rativo (los inspectores), tenemos los sueldos más bajos del sector oficial; todas las plazas de inspectores son puestos de enlaces, con sueldos entre 6 y 8 mil pesos mensuales y estos sueldos no han subido desde hace más de 12 años. De igual forma, los bonos de riesgo sólo son pagados a directores y puestos superiores, y a nosotros, que nos enfrentamos cotidianamente a riesgos, no nos pagan esa prestación.

El titular de la Profepa es el abogado priísta Francisco Moreno Merino, ex diputado federal morelense que entre otros cargos tuvo el de secretario particular de Leonardo Rodríguez Alcaine, apodado La Güera, dirigente del Suterm y de la CTM. En San Lázaro, durante la comparecencia de un director del Issste al que conminó a no ser solamente un buen hombre, pronunció una frase, no suya pero sí adaptada, que le tumbó la candidatura a senador por Morelos que ya tenía asignada No hay caballo fino que no tire a mula, ni mujer bonita que no llegue a ser meretriz, ni hombre bueno que no tire a penco.

Moreno Merino aceptó sacrificarse, dejando la postulación, para no afectar el interés supremo de la candidatura de Peña Nieto (Pedro Joaquín Coldwell, entonces presidente del PRI, informó que le había pedido hacerse a un lado, por ofender a las mujeres). En pago por esa disciplina partidista, al acusado de misoginia le fue entregada la Profepa en la actual administración federal.

Y, mientras en Aguascalientes ha sido asaltada la casa del secretario general de gobierno, Sergio Reynoso Talamantes, sin que se dieran cuenta los vigilantes del fraccionamiento privado ni los policías que escoltan a ese tipo de funcionarios (Reynoso es concuño de su jefe inmediato, el gobernador priísta Carlos Lozano de la Torre; es decir, las hermanas Emma y Blanca Rivera Río están casadas con los dos principales servidores públicos de la entidad, y además es primo del ex gobernador Luis Armando Reynoso Femat, quien llegó al poder por la vía del PAN, pero fue expulsado de este partido por ayudar al priísta Lozano y ahora está bajo proceso por actos de corrupción) ¡hasta mañana, con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación anunciando al SNTE, para que lo oyera la CNTE, que las evaluaciones de profesores se harán a partir de 2015!

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