ue el profesor tzotzil Alberto Patishtán esté fuera de prisión es una excelente noticia, sin duda, aun cuando no se ha puesto fin a la injusticia que significó su estancia en varias cárceles, incluso en un penal de alta seguridad, durante 13 años de una condena de 60, sin que se lograra que el Estado reconociera su inocencia. Y todo ello lo vivió con una digna postura, un ánimo ejemplar de solidaridad con los otros presos y una enorme fortaleza frente a las adversidades de todo tipo que debió enfrentar.

No obstante que él expresa el ánimo de quien está en paz consigo mismo, en sus declaraciones a la prensa tras recibir el indulto, fue claro al señalar con toda justeza que su prioridad inmediata es atender su salud y estar con su hija, hijo y nieta, lo que implica asumir que es necesario respetarle sus tiempos. Sobre su misión, señaló que motivos para seguir luchando y reclamar justicia hay muchos, y prosiguió: ¡Zapata vive! Y la respuesta de activistas presentes fue: ¡La lucha sigue!

Dicho esto, y sin ánimo de que nos acusen de que no sabemos triunfar, resulta necesario reflexionar sobre las circunstancias que derivaron en el indulto del Presidente de la República, porque éstas atañen a la agenda de derechos humanos y más aún a los conflictos latentes en Chiapas ante la muy prolongada suspensión y crisis profunda del diálogo del EZLN con el gobierno federal.

En primer lugar debemos reiterar que en el caso Patishtán fallaron tanto la procuración como la administración de justicia a todos los niveles y la Suprema Corte de Justicia de la Nación debería revisar a profundidad y asumir su responsabilidad directa cuando rechazó abordar el reconocimiento de inocencia por no considerar relevante el caso y se remitió al tribunal colegiado del Poder Judicial de la Federación con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el cual lo rechazó el pasado 12 de septiembre. ¿Cuántas situaciones de excepción se perfilan ante las fallas al debido proceso consuetudinarias, por cierto? ¿No será momento de que se legisle sobre la responsabilidad de jueces que violentan derechos humanos en su función pública? ¿Es necesario acotar la presunción de probidad y la autonomía de que gozan quienes deberían impartir justicia?

Por otra parte y ubicando el caso Patishtán, el trayecto para llegar a la victoria de su libertad formal fue producto directo de la más amplia movilización nacional e internacional. Así lo entendieron desde el Poder Legislativo y Ejecutivo y ello no es menor, ni se trata de negar los méritos de la cadena de actores sociales y políticos que expresaron esta consigna en la rueda de prensa el pasado 31 de octubre: A Alberto Patishtán / nadie lo indultó / el pueblo organizado/ su libertad ganó. No se trata de rendir pleitesía a quienes actuaron como aliados en la etapa final y tejieron en el Legislativo la reforma al Código Penal en la que se basó Peña Nieto, incluido el procesamiento político expresado simbólicamente en la comida con el pleno de la Corte un día antes del indulto, que en los hechos les corrige la plana aun cuando jurídicamente no sea reconocimiento de inocencia. Que buscan legitimidad, no lo dudo, pero tampoco podemos negar que cumplieron una función institucional importante y ésta se relaciona con la posibilidad de que el derecho recupere su sentido social, así sea por excepción.

El profesor Patishtán comentó: “En la cárcel nos decían: ‘¡Aquí acabó el derecho, ya no hay nada qué hacer!’ Y yo dije: ‘Aquí hay mucho qué hacer… Está todo al revés’”. Es por ello absolutamente congruente lo que respondió cuando la prensa le pidió un mensaje para el autor formal de su indulto: que siga haciendo cosas buenas. No estaría mal que siguieran este consejo, pero sabemos que la decisión unánime del Congreso para la reforma penal y el indulto mismo desde el Ejecutivo no modifican el proyecto que desde Los Pinos llaman transformador y desde la sociedad calificamos de privatizador. Bien señalaron las organizaciones de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, que está pendiente la investigación sobre los hechos que en 2000 privaron de la vida a siete policías en el paraje de Las Limas, municipio de El Bosque, lo demandan sus familias y también es parte de lo que Amnistía Internacional señaló como la necesidad de la rendición de cuentas.

Por lo pronto, Alberto Patishtán tiene libertad absoluta, pues, como él ha dicho, nunca dejó de ser libre. También requiere cuidados no sólo médicos, sino acompañamiento cuando regrese a Chiapas, donde le esperan sus simpatizantes, pero también algunos de los que quisieron acabarlo. Por fortuna, contamos con él, que ha demostrado que dentro y fuera de la prisión es un maestro con autoridad moral ganada a pulso. Su identidad indígena y valores muestran el sentido humanista de la lucha por la justicia.