or sexto sexenio consecutivo la ruta privatizadora ha sido seleccionada para solucionar los grandes problemas nacionales. Con su llegada a Los Pinos en 1982, Miguel de la Madrid inauguró la venta de garaje de la infraestructura productiva del Estado, y más de tres décadas después Enrique Peña Nieto pretende cerrar la tienda tras la entrega al capital privado del último bien que permanece bajo el dominio estatal.

Los espeluznantes resultados privatizadores que para el país y sus habitantes registraron los cinco ejercicios anteriores no fueron suficientes ni convincentes para que el nuevo gobierno reconsiderara el camino a seguir. Por el contrario: se aferra a tal práctica, y decide que el único recurso que, mal que bien, se mantiene en los ya vacíos anaqueles de esa venta de garaje, el oro negro, sea puesto a disposición del capital privado nacional y foráneo.

Si no falla la memoria, la primera privatización de Miguel de la Madrid fue la venta de Accesorios Tubulares Especiales, una fábrica de bicicletas que el gobierno entregó a la CTM, con Fidel Velázquez al frente de tan combativo sindicato. Ese fue el tímido acto inaugural de la venta de garaje, pero de allí en adelante en cascada y por la misma ruta pasaron (con clientela selecta) bancos, casas de bolsa, aseguradoras, afianzadoras, líneas aéreas, consorcios mineros, carreteras, siderúrgicas, petroquímicas, hoteles, embotelladoras, armadoras automotrices, cementeras, fertilizantes, papel y cartón, ingenios azucareros, ferrocarriles, satélites, puertos, aeropuertos, electricidad (más lo que se queda en el tintero) hasta llegar al petróleo.

¿Resultados? Dos por ciento (promedio) de crecimiento económico, fortunas de ensueño para un grupúsculo (el beneficiado con las privatizaciones) y miseria para millones de mexicanos, entre otras gracias. Y los recursos públicos liberados por las privatizaciones se utilizaron para todos menos para lo originalmente prometido, es decir, la atención de las crecientes urgencias sociales y la solución de los grandes problemas nacionales. A estas alturas, 82 por ciento de los mexicanos registran cuando menos una carencia, 60 millones de mexicanos sobreviven en la pobreza y a la venta sólo queda el petróleo. Pero insisten.

Los seis gobiernos neoliberales (MMH-EPN) se han ido por la libre. Treinta años de privatizaciones han sido disfrazados de desincorporaciones, asociaciones estratégicas, apertura limitada, modernización, redimensionamiento, capitalización temporal, inversión complementaria, democratización del capital, apertura regulada y muchas más, pero el resultado ha sido el mismo. Como es sabido, lo actual no es la privatización petrolera, sino la modernización de la industria del oro negro.

Obvio es que los únicos que no se quejan son los beneficiarios nacionales y extranjeros, pero ¿qué opinan los mexicanos de a pie, víctimas no sólo del saqueo de los bienes que se suponían nacionales, sino del robo en despoblado que para ellos ha significado el traspaso de la riqueza a manos privadas?

En su informe 2013, la Corporación Latinobarómetro (una ONG sin fines de lucro con sede en Santiago de Chile) revela que 65 por ciento de los mexicanos está en desacuerdo y/o muy desacuerdo con las privatizaciones realizadas en el país, y sólo el 35 por ciento (“muy de acuerdo y/o de acuerdo) las califica de benéficas, contra 45 por ciento que se pronunció en el mismo sentido en 1998, cuando dicho organismo incorporó a su encuesta anual el tema privatizador.

El resultado empeora cuando a los entrevistados se les preguntó (junio de 2013) sobre su satisfacción con los servicios públicos privatizados. En este sentido, el 68 por ciento de los mexicanos respondió estar menos satisfecho o mucho menos satisfecho con tal situación, y sólo 32 por ciento se dijo mucho más satisfecho o más satisfecho. “La queja de los usuarios con los servicios públicos privatizados –explica la citada ONG– comienza por la tarifa, continúa con la calidad del servicio y termina con la imposibilidad de cambiarse de compañía. Los usuarios no tienen opciones para elegir la compañía que usan y son cautivos de un sistema que no les rinde cuenta a los usuarios”, reclamo que no es exclusivo de los mexicanos. De hecho, precisa, los países con menor aprobación a las privatizaciones son El Salvador, con 16 por ciento, y Chile, con 18 por ciento. Nuevamente llama la atención Chile, que se sitúa como ejemplo de éxito económico. Claramente los usuarios de los servicios públicos privatizados no opinan lo mismo.

La frustración de los mexicanos, en particular, y de los latinoamericanos en general, también se manifiesta en las evaluaciones que hacen de las políticas privatizadoras que han efectuado los gobiernos regionales, reconoce Latinobarómetro, que indica entre el 31 de mayo y el 30 de junio del presente año aplicó 20 mil 204 entrevistas cara a cara en 18 países de América Latina, con muestras representativas de 100 por ciento de la población nacional de cada país. Desde 1995 esta ONG realiza este trabajo, con el fin de conocer la opinión de los pueblos sobre la economía, la política, la democracia, los acuerdos internacionales, el comercio y los temas coyunturales.

A lo anterior se agrega el siguiente resultado, que es brutal: el 82 por ciento de los mexicanos está insatisfecho con el funcionamiento de la economía (no muy satisfecho, nada satisfecho); el 76 por ciento cataloga de injusta y muy injusta la distribución del ingreso en el país, y 78 por ciento tiene una imagen negativa de progreso, porque está estancado o en retroceso. Y las respuestas referidas se hicieron tomando como base un eventual crecimiento económico de 2.8 por ciento en 2013, cuando todo apunta a que, si bien va, tal crecimiento será menor a la mitad de esa proporción.

Y de cereza, qué piensan los mexicanos sobre los resultados de la democracia en su país: 79 por ciento se manifestó no muy satisfecho y nada satisfecho. Pero lejos de corregir la ruta, insisten. Y después de vender la joya de la corona, cerrarán la venta de garaje por falta de mercancía.

Las rebanadas del pastel

Por enésima ocasión desde 1983, el gobierno federal repite que México aprovecha la estabilidad macroeconómica del país para iniciar una nueva etapa de crecimiento económico sostenible, a través del impulso de una amplia agenda de reformas transformadoras (Hacienda dixit). Dos por ciento de crecimiento anual promedio en tres décadas avalan ese atinado comentario.

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