El sacerdote Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino, planteó la necesidad de que los gobiernos de las naciones de expulsión y recepción participen en un plan de desarrollo integral para atender la problemática que enfrentan las personas que deciden emigrar y garantizar el respeto a sus derechos humanos.

El activista asistió ayer a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde participó en las jornadas sobre migración organizadas por estudiantes de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Ahí afirmó que cada año crecen los flujos de mujeres migrantes con hijos y menores no acompañados provenientes de Centroamérica.

En 2013, calculó, el paso por México de estos dos sectores pasó de 15 a 25 por ciento. Agregó que por cada cien personas que intentan cruzar la frontera norte, sólo 30 lo logran.

Solalinde consideró que el plan de desarrollo en favor de los migrantes debe incluir a los gobiernos de Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos, y tener como centro de atención a las personas y sus derechos.

En el caso de México, afirmó, hay responsabilidad, ya que la Constitución señala que la dignidad y los derechos de toda persona que esté en territorio nacional deben ser respetados y garantizados independientemente de su situación migratoria.

Persisten las amenazas, sostiene

Solalinde afirmó que continúan las amenazas contra su persona y sus colaboradores en el albergue, ubicado en Ixtepec, Oaxaca. Sostuvo que en los abusos contra migrantes en tránsito participan desde integrantes del crimen organizado hasta funcionarios públicos y policías.

Todos ellos están del lado del dinero y afirman que nos estamos metiendo con su mercancía, porque ven a los migrantes como botín. Ellos defienden su negocio y nosotros al ser humano.

A diferencia de lo que ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón, cuando nunca existió un canal de comunicación con las autoridades federales, señaló Solalinde, hoy ya se dio luz verde a la colaboración directa con el gobierno de Enrique Peña Nieto, con la idea de influir en las políticas públicas.

El sacerdote acotó que esta vía de comunicación no se debe a la buena voluntad de las autoridades federales o del PRI, sino que se abrió gracias a la fuerte presión social, tanto en México como en el exterior.