n el contexto del foro Semana del Migrante, organizado por el Senado, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas Fosado, reconoció que hay corrupción entre funcionarios y agentes de ese instituto y dijo que, como consecuencia de ello, se ha destituido a un millar de servidores públicos en lo que va del presente sexenio. El funcionario sostuvo también que el combate a esos flagelos requiere de una revisión integral al marco legal en materia migratoria, así como de una demolición y un proceso real de restructuración hacia adentro de la institución.

Las declaraciones del titular del INM son un diagnóstico desolador sobre la realidad de ese organismo que, sin embargo, se queda corto al ser cotejado con el abuso, la barbarie y el grado de vulnerabilidad sistemáticos que padecen los migrantes indocumentados que transitan por el territorio como consecuencia de factores más complejos y graves que la corrupción: desde la inoperancia de los distintos niveles de gobierno para frenar los asaltos, las extorsiones, las violaciones, los secuestros y los asesinatos cometidos por integrantes de la delincuencia organizada, hasta la complicidad –documentada por activistas y organismos humanitarios, y reconocida incluso por las propias autoridades– entre esas agrupaciones y funcionarios del INM, pasando por el trato racista y discriminatorio de estos últimos hacia migrantes centro y sudamericanos, africanos y asiáticos.

Por lo demás, la indolencia, la incapacidad y la descomposición institucional que padece el INM no se refleja solamente en el desempeño de sus integrantes en la frontera sur ni se limita al ámbito de los migrantes extranjeros: el propio Vargas Fosado admitió que en lo que va del año, 370 mil mexicanos han sido repatriados por el gobierno de Estados Unidos sin que el INM haya sido capaz de brindarles el apoyo necesario para su regreso, en lo que constituye un reconocimiento de plena incapacidad por parte de ese organismo.

Ante la gravedad de la circunstancia descrita, resulta impostergable que las autoridades adopten medidas necesarias para revertir el deterioro actual en la seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros. Tales medidas no pasan tanto por la revisión del marco legal ni por la demolición de las instituciones actuales, sino por la voluntad de combatir la corrupción y de hacer cumplir los derechos humanos y las garantías constitucionales de que gozan todas las personas en el territorio nacional, independientemente de su nacionalidad y condición migratoria.

Es imperativo, por último, que ese viraje sea acompañado de procesos de depuración y moralización de las oficinas públicas y, en su caso, de las sanciones administrativas o penales correspondientes que pongan fin a la corrupción y a la extrema discrecionalidad con la que operan los altos funcionarios públicos de ese instituto. Tales pesquisas deben incluir también a los comisionados anteriores del INM –bajo cuyas gestiones se gestó la debacle que hoy arrastra ese organismo–, así como a las autoridades migratorias de la actual administración, las cuales han sido incapaces, a más de 11 meses de iniciado el presente sexenio, de empezar a corregir dicha descomposición. En la medida en que esto no ocurra, la sociedad tendrá razones para ver, en declaraciones como las formuladas ayer por Vargas Fosado, sólo autoexculpaciones con cargo al gobierno anterior.