Después de más de cuatro años y cinco meses de que ocurrió el incendio en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, en el que perdieron la vida 49 niños, prevalece la incertidumbre sobre las condiciones en que operan los centros de atención para menores de edad, porque aún no está construido en su totalidad el andamiaje legal necesario para garantizar la seguridad en las estancias infantiles.

Lo anterior quedó de manifiesto ayer, cuando los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciaron la discusión de la acción de inconstitucionalidad 86/2009, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del Congreso y el Ejecutivo del estado de Baja California, por la aprobación de diversos artículos de la Ley de Salud Pública, relacionados con la regulación de las guarderías en esa entidad.

Con el precedente del incendio ocurrido en la Guardería ABC el 5 de junio de 2013, los ministros llamaron la atención sobre la importancia del asunto para que no queden resquicios legales que afecten el interés superior del niño.

Margarita Luna Ramos recordó el trágico incendio y destacó que si bien el 24 de octubre de 2011 se aprobó la Ley General de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral de los Niños, esta legislación estableció un sistema de concurrencia para armonizar las disposiciones federales, estatales y municipales con las cuales deben operar las estancias infantiles en el país, precisamente para evitar tragedias.

Sin embargo, a la fecha el proyecto no se ha concretado, pues no todos los estados han cumplido con la obligación de adecuar su legislación en materia de protección civil para establecer condiciones de seguridad para los niños. Además, resulta que no está vigente ninguna norma oficial mexicana (NOM) que establezca los lineamientos que deben regir a las guarderías por su particular estado de riesgo y vulnerabilidad.

Luna Ramos llamó la atención en que después de la tragedia del ABC, el gobierno federal emitió dos normas consecutivas con vigencia de seis meses, las cuales no fueron renovadas.

Dada la trascendencia del caso, la ministra instructora del asunto, Olga Sánchez Cordero, retiró su proyecto para presentar un nuevo documento que recoja los puntos de vista expuestos en la sesión de este jueves.