medida que se acerca la fecha de la discusión de los planes de la reforma energética, se multiplican las voces que pugnan, desde la iniciativa privada, por una apertura mayor a la planteada por el proyecto presidencial –de suyo privatizador– y por un traslado de potestades públicas a particulares. En la más reciente edición semanal de El Indicador, los especialistas financieros de banco Santander señalan que la nueva versión de la reforma permitiría al gobierno decidir el tipo de contrato que sería ofrecido para cada proyecto. Estos podrían ser contratos de servicio, contratos de utilidad o producción compartida o licencias. El documento añade que un modelo de producción compartida o un modelo de licencias garantizarían un control operativo más amplio de los proyectos que el modelo inicial propuesto por el gobierno y afirma que un movimiento en dicha dirección ciertamente sería tomado muy positivamente por los inversionistas.

Debe señalarse que todos los escenarios esbozados por la institución financiera resultan, por principio, indeseables. La eventual reforma al artículo 27 constitucional, incluso una como la que pretende la iniciativa de ley presentada por Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión, entregaría el control de parte de la renta petrolera a particulares, nacionales o extranjeros, por medio de los contratos de utilidad compartida. Por añadidura, la incorporación de figuras como los contratos de producción compartida y las concesiones sobre campos petrolíferos posibilitaría, además, el ingreso y el control de los recursos naturales a petroleras trasnacionales como Chevron-Texaco, Mobil, Shell, Halliburton, Exxon y Repsol a los campos petrolíferos del país.

Por lo demás, la adición que propone Santander se inscribe en la lógica de los intereses del capital financiero y las presiones que éste ejerce con el fin de desmantelar y privatizar Pemex. Estas presiones, que proceden tanto del extranjero como de la oligarquía que controla el poder público en el país, pretenden presentar a la paraestatal como una empresa económicamente inviable, depreciada y a punto del colapso, y con ello, instalar en la opinión pública nacional la necesidad de transferir el control de la industria petrolera a manos privadas.

Ante la nueva andanada privatizadora es necesario reiterar que la actual situación de esa industria no se debe, como lo quiere hacer ver el capital financiero, a una incapacidad del Estado para administrarla y para cumplir con sus responsabilidades en la materia, sino a que es utilizada, por falta de una política fiscal justa y equitativa, como principal fuente de financiamiento del Estado. La difícil situación económica que enfrenta el sector energético en el país –y particularmente el petrolero– no es consecuencia del precepto constitucional que pone en manos de la nación la explotación de las reservas petroleras, sino de la política impositiva depredadora y asfixiante que el gobierno federal ejerce sobre el sector.

En suma, es urgente que Pemex sea colocada en un régimen de autonomía fiscal, a fin de que pueda disponer de los recursos necesarios para su modernización, y vaya que los tendría, si no le quitaran por vía impositiva la mayor parte de sus ingresos brutos. La administración federal debe buscar recursos allí donde los obtienen los países democráticos: en el cobro de impuestos justos y equitativos a las grandes empresas, a los capitales financieros y a los dueños de las grandes fortunas. La sociedad, por su parte, debe entender que no puede permitirse la venta parcial o total de la industria petrolera, pues ello implicaría la pérdida de la más importante fuente de recursos económicos propios para el desarrollo del país.