n lo petrolero la reforma energética gubernamental se acerca cada vez más a un cambio constitucional que permita tres tipos de explotación de los yacimientos mexicanos:1) contratos de utilidad compartida;2) contratos de producción compartida;3) licencias (contrato más abierto, se dice). Este es el contenido del acuerdo preliminar entre PAN y PRI, que da nuevo perfil a la reforma energética. Y fue destapado
esta semana en la entrevista de Carmen Aristegui con Carlos Manuel Rodríguez, de Bloomberg-México, al comentar lo publicado por The Wall Street Journal. Nos advierte de nuevas formas de explotación del petróleo mexicano. ¿Cuáles? Las del mercado competitivo. Ese que –a decir de personeros gubernamentales– también arribará y para bien –juran– a la industria eléctrica.
Nadie en su sano juicio creerá que vendrá la libre competencia, la sana competencia, para hablar en esos términos religiosos que –con todo respeto y salvadas las diferencias– empezaron a usarse en tiempos de Adam Smith. Incluso un poco antes con los fisiócratas. Véase –a manera de ejemplo– el caso de las telecomunicaciones, de la telefonía. ¡Por favor! Cierto es que el admirable y admirado escocés Adam Smith defendía la idea –en mi opinión religiosa– de que todos los hombres tienen una propensión al cambio, a trocar, permutar y cambiar una cosa por otra. Y una vez que sugiere ni siquiera preguntarse si esta propensión al cambio es uno de los principios innatos en la naturaleza humana de los que no puede darse una explicación ulterior, se orienta a asegurar que lo más probable es que sea consecuencia de las facultades discursivas y del lenguaje. Lo cierto es que –asegura Smith– eso de intercambiar, comercializar, competir, buscar el propio beneficio es una propiedad común a todos los hombres y no se encuentra en otra especia de animales que desconoce esta y otra clase de avenencias.
Pues bien, es precisamente esta clase de avenencias la que el gobierno actual se propone impulsar –asegura– en las industrias petrolera y eléctrica. En la primera –aseguro yo– porque no soporta ya la presión de sus congéneres
de distribuir la renta petrolera, excedente petrolero del que –por cierto– se habla con imprecisión y vulgaridad. Y en la segunda –también aseguro– porque tampoco soporta la presión para que se entregue la renta eléctrica. Pero precisemos un poco conceptos, para entender la lógica que, en el fondo, soporta la obsesión de los azules por llegar a lo que –Carlos Manuel Rodríguez, vocero de noticias Bloomberg en México, dijo a Carmen Aristegui– equivale a 95 por ciento de apertura, pero también de los rojos que –a decir de este mismo vocero– se encuentran cerca de 70 por ciento de apertura, en contraste –también lo dice– con el 20 de apertura de los amarillos. La negociación de marras se orienta a lograr un acuerdo cercano a 80 por ciento de apertura de lo que el PAN –el neoliberal más radical del momento– pretendería.
Entonces, pues, precisemos un poco. ¿Cuánta renta petrolera? ¿De dónde sale? Empecemos. ¿Cómo se determina el costo de producción del petróleo? ¿Cómo el del gas natural? Los manuales son muy claros. En el caso del petróleo y gas natural es la suma de los llamados costos aguas arriba (upstream), que incluyen los costos de descubrimiento y desarrollo de yacimientos, los costos de extracción que suponen la operación y el mantenimiento de las instalaciones de los pozos de dichos yacimientos, que permiten extraer y entregar el crudo o el gas a los centros de consumo, incluidos los terrenos donde se encuentran esos yacimientos e instalaciones, trátese de compra o arrendamiento. Además, y con el riesgo de ser un tanto simplista al concentrarnos en el petróleo, es posible asegurar que, actualmente, una demanda mundial de crudo del orden de 94 millones de barriles al día, supone o exige –mediada desde luego por el comportamiento de productores individuales o asociados que deciden extraer sólo una parte de su capacidad instalada– la explotación de pozos con costos del orden de los 80 a 85 dólares por barril. Un precio cercano a los 100 dólares por barril permite que yacimientos de estos altos costos tengan un beneficio por sus inversiones, incluso más ventajoso del que permitiría –para sólo dar uno de tantos referentes– la compra de bonos del Tesoro de Estados Unidos. De forma tal que todos los productores en funciones, con costos menores –y salvadas las diferencias de calidad del crudo– recibirían de renta petrolera, sí, renta petrolera en estricto sentido y además de su beneficio, un monto determinado por el diferencial (por eso renta diferencial) de sus costos específicos y particulares, con 80 u 85 dólares.
Además, salvo el descubrimiento excepcional de yacimientos sorprendentes –como ocurrió en el caso del gas de lutitas (shale)– o un abandono del crudo como referente energético en el mundo –básicamente por cambio drástico en el transporte– no se ve cómo pueden bajar los precios del crudo en el futuro próximo. En buen romance esto significa que yacimientos que puedan producir crudo a costos menores a esos 80 u 85 o, incluso mucho más altos (90, 100 o más dólares actuales por barril) en la medida que suba la demanda (a 120 millones de barriles en unos 10 años, con crecimiento medio anual de 2.5 por ciento), tendrán renta petrolera (diferencial), cuyo monto dependerá de sus costos individuales. Por eso la puja de los contratistas en todo el mundo para que los gobiernos les reconozcan los más altos costos posibles. Para obtener más renta. Así, si hay cambio constitucional, los yacimientos de utilidad compartida, de producción compartida o dados con licencia a privados, tendrán no mucha sino muchísima renta. ¿Cuál es la lógica de entregar excedentes petroleros –además del beneficio por el capital invertido– a los privados? ¿Cuál, asimismo, la de entregar la renta eléctrica
a través de un mercado de generadores? Incluso suponiendo dominio de ciclos combinados a gas natural, pero con necesidad de mitigar emisiones y complementar renovables. ¿Cuál? Pero bueno, de esto –precisamente de lo eléctrico– habrá que comentar en otro momento. Sin duda.
NB Con afecto a mis estudiantes de economía política clásica de la Facultad de Economía de la UNAM. Y con amistad a mi alumna Diana Talavera que dice que deben seguir los institutos electorales locales.
