Acapulco, Gro., 2 de enero.

Representantes de ex trabajadores del gobierno de la entidad informaron que el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Issspeg) no les ha pagado a todos aguinaldo, salarios retroactivos ni pensiones alimentarias, por lo cual integraron una coalición en defensa de sus derechos.

Provenientes de Acapulco, Chilpancingo, Mochitlán y Zumpango, los inconformes advirtieron que paralizarán las oficinas municipales de Acapulco si este ayuntamiento no salda sus adeudos históricos con el Issspeg, pues concentra la mayor parte de los pasivos. Agregaron que si no se movilizan los 3 mil 500 trabajadores jubilados los ignorarán todo el año.

Rutilio Bruno Sánchez, representante de los jubilados de Chilpancingo, recordó que el 23 de diciembre interpusieron una queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado para que intervenga ante el Issspeg por la falta de pagos.

Magda Adame, representante de la subsección 2 de la agrupación de jubilados de Guerrero, señaló que el gobierno del estado y el Issspeg han vendido propiedades para pagar deudas, en transacciones que no han sido reportadas a los agremiados. Tal es el caso de un terreno cercano a la glorieta de la Diana, donde fue construido un mercado de artesanías; un edificio en Caleta, que fue demolido para hacer un parque, y un balneario ubicado en la zona poniente del municipio.

Feliciano Pérez Jiménez, representante de Acapulco, mencionó que exigirán una investigación y una auditoría seria al Issspeg.

Adelantaron que el 8 de enero tomarán las instalaciones de la comisión de agua potable y alcantarillado del municipio de Acapulco para exigir que les pague el adeudo, superior a 30 millones de pesos, más unos 10 millones que adeuda el gobierno municipal.

En Chilpancingo, 50 policías preventivos que no aprobaron los exámenes de control y confianza bloquearon la entrada del palacio municipal en demanda de monederos electrónicos para la compra de enseres, el pago de un bono de 6 mil pesos y reinstalación.

Mardonio Navis, uno de los manifestantes, dijo: Si ya no nos quieren, que nos liquiden conforme a la ley. Nos dicen que no estamos aprobados. Lo extraño es que nos lo notificaron ocho meses después de que nos evaluaron, o sea, apenas en octubre pasado nos dijeron que reprobamos, pero no nos dijeron en qué áreas. Agregó que algunos agentes tienen hasta 25 años de servicio.

Roberto Hernández Bello, secretario de seguridad pública municipal, explicó que ya se les pagaron aguinaldos y salarios; asimismo, los fondos para los monederos electrónicos provienen del gobierno federal y sus salarios fueron retenidos en la ciudad de México.

Explicó que el ayuntamiento pagó las prestaciones con recursos propios y se negocia con el secretario de Finanzas la posibilidad de liquidarlos.