Madrid, 3 de enero.

El gobierno español rechazó hoy un cambio a la política penitenciaria para los miembros de la organización indepedentista vasca Euskadi ta Askatasuna (ETA), en respuesta a la demanda expresada por el colectivo de reclusos el pasado 28 de diciembre, en la cual abrió la puerta a una vía individual y escalonada para acelerar su excarcelación.

La agenda del gobierno no va a estar pendiente de los comunicados de propaganda, teatralización y escenificación que ETA y sus reos decidan en cada momento, afirmó el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Se trata de la primera valoración oficial del gobierno de Mariano Rajoy tras la difusión del comunicado de ETA.

La responsabilidad penal es individual y mientras ETA no se disuelva y los presos no renieguen de forma pública, clara y evidente de la banda, la declaración no tendrá ningún efecto, aseveró.

La misiva fue un gesto inédito de los reos de ETA, quienes reconocieron por primera vez en más de medio siglo el sufrimiento y el daño causado en su afán por conseguir la independencia de la región del País Vasco, en el norte de España.

Sucesivos gobiernos españoles han llevado a cabo durante años una política de dispersión de los reclusos de ETA, con el objetivo oficial de evitar que se organicen en las cárceles.

Las familias de los presos, obligadas a recorrer grandes distancias para visitarlos, consideran esa medida una represalia. El acercamiento de los encarcelados al País Vasco es todavía una de las principales reivindicaciones de los ros de ETA.

El ministro del Interior calificó hoy de repugnante el encuentro convocado para el sábado próximo por los presos de ETA, en el que previsiblemente participarán algunos de los 63 excarcelados en los últimos dos meses, beneficiados por una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Las autoridades del sistema de justicia pidieron informes a las fuerzas de seguridad del Estado sobre la convocatoria, después de que la Asociación de Víctimas del Terrorismo y otras organizaciones pidieran la prohibición de la reunión de ex reos de ETA por considerarla enaltecimiento del terrorismo.

Las acciones violentas de ETA han causado la muerte de unas 800 personas en medio siglo. La organización anunció en octubre de 2011 el cese definitivo de sus operaciones armadas, pero todavía no ha entregado las armas ni se ha disuelto, lo cual implica el incumplimiento de las condiciones que exige el gobierno español para avanzar hacia otro nivel de diálogo.