En México, más 12 mil mujeres están privadas de su libertad en centros de reinserción social diseñados y operados sin perspectiva de género, por lo cual la situación de las internas presenta irregularidades: aproximadamente 8 mil (74 por ciento del total) se encuentran recluidas por delitos del fuero común, aunque sólo 48.7 por ciento de ellas han sido sentenciadas. Además, en los penales existe una población de casi 400 menores y hay alrededor de 50 internas embarazadas, de acuerdo con datos reconocidos por el gobierno federal en la publicación del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018.

En el documento se determina que la población femenina privada de su libertad es un problema central en el marco de la impartición de justicia.

La población penitenciaria está conformada por 95.2 por ciento de hombres y 4.8 por ciento de mujeres, lo cual explica que la infraestructura, organización y funcionamiento de los centros de reclusión contemple solamente necesidades masculinas, se reconoce.

Al respecto, en un pronunciamiento emitido a finales del año pasado, la organización no gubernamental Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal), cuestionó que pese a las múltiples recomendaciones de organismos internacionales, las reclusas continúan sufriendo graves violaciones a sus derechos humanos, como detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos y criminalización por ejercer sus derechos reproductivos, entre otros.

Consideró que la política penitenciaria es omisa en la creación de programas de reinserción social con perspectiva de género, así como en la atención de las necesidades particulares de las mujeres en la operación de centros de internamiento.

También, que “el Estado mexicano tiene la obligación especial de garantizar los derechos de las internas, puesto que al encontrarse bajo la custodia del Estado se encuentran imposibilitadas a proveerse por sí mismas ciertas condiciones de vida.