Acapulco, Gro., 7 de enero.

El secretario general de Gobierno de Guerrero, Jesús Martínez Garnelo, hizo un enérgico llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que revise el informe especial sobre los grupos de autodefensa y seguridad pública del estado, porque se realizó a partir de elementos poco claros, con una construcción metodológica cuestionable que se aparta de la verdad y lo legal, sin investigar a fondo, con conclusiones sesgadas, omisiones y errores.

En conferencia, exhortó a ese organismo a que atienda la petición que se le hizo el 18 de enero de 2013 para coadyuvar en la búsqueda de soluciones integrales, de respeto a los derechos humanos y a los usos y costumbres de los pueblos originarios.

El documento, señaló, no considera los esfuerzos de comunicación y coordinación de los tres niveles de gobierno en materia de seguridad como parte del operativo Guerrero seguro, coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el Ejército y otras dependencias.

En tono alarmista, la CNDH informa que en 46 de los 81 municipios del estado hay grupos de autodefensa, pero al revisar la información sólo hay evidencias de dos: la Coordinadora Recional de Autoridades Comunitarias (CRAC, única reconocida legal e institucionalmente) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG); esos grupos tienen presencia en 35 municipios, y no en 46, aclaró.

El funcionario agregó que, sin investigar, la CNDH afirma que la atención de las autoridades a esos grupos es inadecuada, y manifiesta su preocupación ante la posibilidad de que el apoyo institucional derive en la formación de grupos paramilitares, cuando el gobierno del estado siempre ha trabajado en coordinación con los ciudadanos.

De la misma forma, rechazó que haya 2 mil 193 desplazados. en 46 municipios. De acuerdo con el censo realizado, los afectados suman 537 en las comunidades de Las Mesas II, Las Chascuitas municipio de San Miguel Totolapan, así como en La Laguna, Santo Domingo y Pie de la Cuesta, municipio de Atoyac de Álvarez.

En cuanto al presunto incumplimiento de medidas cautelares a grupos empresariales de la capital y otras organizaciones de la sociedad civil, señala que el Ejecutivo se reunió con representantes de esos grupos.

La CNDH señaló que el gobierno ha financiado a grupos de autodefensa que actúan al margen de la ley; sin embargo, dijo el titular de Gobierno, omite que este apoyo financiero mínimo corresponde al reconocimiento y a la antigüedad que tienen estos grupos legalmente establecidos.