Juan Carlos de la Barrera Vite, ex funcionario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acusado de proporcionar información al cártel de Sinaloa, está a un paso de pedir su inmediata libertad. Sus abogados interpusieron ante el juzgado décimo de distrito de procesos penales en el Distrito Federal un incidente de nulidad de los dos testigos protegidos que hicieron acusaciones en su contra, pero nunca presentaron una identificación oficial ante la Procuraduría General de la República (PGR) y las autoridades judiciales.

La Ley Contra la Delincuencia Organizada y la Ley de Seguridad Nacional, señalan que todo testigo colaborador debe identificarse plenamente con credenciales oficiales ante cualquier autoridad competente.

Este requisito se pasó por alto en 2012 para encarcelar a Juan Carlos de la Barreda Vite.

Eynar Rodrigo Lozano Mendoza y Esther Yadira Huitrón Vázquez, ambos testigos protegidos, declararon que el ex funcionario de la Corte era cómplice del cártel de Sinaloa.

Válidamente se puede afirmar que una vez que la PGR tuvo acceso a las constancias de detención de esta persona, de las declaraciones que rindió ante el Ejército y la Marina, los agentes del Ministerio Público temerariamente inventaron la existencia de una mujer a la que nombraron Esther Yadira Huitrón Vázquez, dice el incidente presentado por los abogados de De la Barrera, que será resuelto en los próximos días por el juzgado federal.

Desde ese momento queda en duda su identidad e inclusive la existencia real de dicho testigo, añade el escrito.

Según documentos de la causa penal 57/2012, una agenda que la Seido presentó en el juicio como prueba, en realidad era de Rosario Herrera Dorador, quien se amparó en enero de 2012 contra torturas de la Marina.