El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validará que las procuradurías General de la República (PGR) y estatales, así como los servidores públicos, soliciten a los concesionarios, por simple oficio o medios electrónicos, la geolocalización en tiempo real de teléfonos celulares involucrados en la investigación de delitos graves, sin la intervención de un juez federal.

Al manifestarse ayer cuatro ministros por la validez de las normas (Margarita Luna Ramos, Alberto Gelacio Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Pardo), es un hecho que no se lograrán los ocho votos necesarios para echar atrás las disposiciones impugnadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Sin embargo, el ministro Sergio Valls Hernández, quien quedó en minoría junto con José Ramón Cossío, aseveró: si bien nos encontramos ante medidas necesarias por la situación delictiva que vive el país, también es un hecho que toda actuación de la autoridad investigadora que pueda tener alguna injerencia en las garantías fundamentales (primordialmente en el caso del derecho a la intimidad y la vida privada) necesariamente debe estar garantizado su uso correcto, lejos de toda arbitrariedad, mediante el contrapeso o control de la autoridad judicial.

No desconozco que en muchas ocasiones se trata de situaciones que requieren intervención inmediata de las autoridades, pero ello no puede justificar que las procuradurías actúen por su cuenta de manera discrecional, como ocurre en la práctica con otra clase de medidas, como los cateos e intervenciones telefónicas o de otros medios de comunicación, indicó.

Ayer empezó la discusión de la acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH contra los artículos 133 quáter del Código Federal de Procedimientos Penales, y 16, fracción primera, apartado D y 40 bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en la que cuatro ministros se pronunciaron en favor del proyecto que permite la inmediatez para que el Ministerio Público agilice las indagatorias en casos de secuestro, extorsión y narcotráfico.

Elemento de la tecnología para hacer un mejor trabajo

Pardo justificó el proyecto elaborado por Luna Ramos para que se proporcione a las procuradurías un elemento que la tecnología ha puesto a disposición de las empresas para realizar un mejor trabajo en el ámbito de la investigación de los delitos, aunque aceptó: no podemos descartar que se pueda dar en la práctica algún uso indebido o algún exceso en el uso de ésta medida.

En cambio, Valls insistió en que los jueces, bajo pruebas objetivas, pueden actuar a la brevedad posible para autorizar o negar la petición; además de que es indispensable definir un límite temporal para ejecutar la medida. Advirtió que al actuar el Ministerio Público sin un contrapeso institucional, no está garantizado de modo alguno el uso debido de la medida en cuestión.

Cossío aseveró: no puedo aceptar una intromisión en la vida privada de las personas sin que exista un fundamento expreso en la Constitución, y apuntó que aun siendo sensible a las condiciones sociales y políticas, y en particular de seguridad del Estado mexicano, éstas no pueden llevarme a justificar la medida impugnada, y menos aún, mediante leyes secundarias.

La discusión del asunto continuará el próximo lunes.