En el estudio La figura del arraigo en México, investigadores del Instituto Belisario Domínguez del Senado resaltan que entre 1999 y 2001 hubo 60 mil casos de arraigo.

De igual forma, señalan que según la Procuraduría General de la República (PGR), entre enero de 2008 y octubre de 2012, 8 mil 595 personas fueron privadas de su libertad bajo ese recurso.

Refieren que en su informe sobre la visita que realizó a México, el Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura sostiene que cerca de 50 por ciento de las personas en arraigo mostraban signos de violencia reciente.

Los investigadores del órgano legislativo destacan que aunque entre 90 y 95 por ciento de los sometidos a esa figura han sido consignados, sólo 3.2 por ciento recibieron sentencia condenatoria.

El estudio cita que entre 2010 y 2012 la PGR solicitó el arraigo de 6 mil personas para investigarlas, y sólo consignó ante un juez a 120. Sin embargo, apuntan que según el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la PGR arraigó a 7 mil 984 personas por diversos delitos, entre diciembre de 2006 y marzo de 2013.

En el documento se presenta un panorama general sobre dicha figura desde que se elevó a rango constitucional como medida cautelar, en 2008.

Los investigadores sostienen que desde entonces, el arraigo, el cateo y la prisión preventiva automática se han vuelto las técnicas de investigación criminal más recurridas en México.

Ante esa realidad, apuntan, nuevos mecanismos internacionales de derechos humanos han recomendado al Estado mexicano eliminar esa figura en la práctica y en la legislación, a escalas federal y estatal, por ser contraria a los estándares internacionales de derechos humanos.

En el informe se asienta que distintas instancias y defensores de las garantías fundamentales han cuestionado el arraigo. Por ejemplo, los investigadores indican que en el Examen Periódico Universal de la ONU hecho a México en 2008 se le recomendó eliminar la figura del arraigo. Sin embargo, a la fecha sigue sin modificarse la Ley Federal sobre Delincuencia Organizada.

Además, registran que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que entre 2008 y 2011 se presentaron 405 quejas por violaciones de derechos humanos relacionadas con tal práctica, de los cuales 41 por ciento se refirieron a tortura y maltrato.

Señalan que para poner en contexto el universo sobre el que se dan esas quejas, es importante valorar que según la PGR, entre enero de 2008 y octubre de 2012 fueron puestas bajo arraigo 8 mil 595 personas. Del total de solicitudes presentadas, los jueces negaron únicamente 4.7 por ciento.