Bilbao, 11 de enero.

Con la consigna Derechos humanos, acuerdo, paz, decenas de miles de manifestantes marcharon la noche de este sábado por las calles de esta ciudad, en el País Vasco, en desafío al gobierno de Madrid, después de que las autoridades judiciales prohibieron una movilización de apoyo a los presos de la organización separatista vasca ETA.

A pesar de que se había decidido realizar un desfile en silencio, los manifestantes corearon: ¡presos vascos, a casa!, mientras las familias de éstos fueron ovacionadas a su paso, emocionadas, luciendo pañuelos blancos ceñidos al cuello.

La movilización, que reunió a más de 100 mil personas, partió del pabellón de La Casilla y finalizó frente al ayuntamiento de Bilbao.

Integrantes del Partido Nacionalista Vasco (PNV) se unieron en las calles a los independentistas, pese a sus divergencias, en respuesta a la decisión de la Audiencia Nacional de prohibir la manifestación organizada por otro colectivo en favor de los presos de ETA.

El PNV se unió así por vez primera desde 1999 a una movilización de los independentistas.

Ante esa prohibición, que supone también una agresión a la libertad de expresión, partidos políticos y sindicatos que representan la mayoría política de ese país decidieron que había que convocar a esa manifestación, en primer lugar para defender el derecho a la libertad de expresión, declaró Pernando Barrena, vocero del partido independentista de izquierda Sortu.

Por su parte, el portavoz del gobierno regional, Josu Erkoreka, calificó de muy grave e incomprensible para el pueblo vasco la decisión del magistrado de prohibir el acto.

La marcha de este sábado fue autorizada por el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, quien consideró que no se advertía la comisión del delito de enaltecimiento del terrorismo y no coincidía con la prohibida el viernes por el juez Eloy Velasco, quien sostuvo que el grupo de apoyo a los presos, Herrira, desmantelado en una operación policial el 30 de septiembre pasado y cuyas actividades fueron suspendidas durante dos años por la justicia española, estaba detrás de los organizadores de la marcha.

El acercamiento de los presos militantes de ETA al País Vasco, actualmente unos 520 dispersos en cárceles de España y Francia, constituye una de las reivindicaciones históricas de la organización armada y de la izquierda independentista vasca.

Tras el abandono de la lucha armada, el 20 de octubre de 2011, este asunto, muy delicado, se ha revelado clave en la oposición entre ETA y el gobierno central, en Madrid.

Nos han impuesto una doble pena, declaró Itziar Goienetxia, de 52 años, cuyo marido está preso desde hace 11 años cerca de Cádiz, en Andalucía, ciudad-puerto diametralmente opuesto al País Vasco en la geografía española.

Esta manifestación me parece muy importante. Es un paso hacia la solución al problema del País Vasco, puesto que se trata de la unión de las fuerzas nacionalistas e independentistas, señaló María Jesús Etxebarria, jubilada de 73 años, llegada desde San Sebastián.

Además de políticos del PNV, participaron en la marcha las formaciones locales Sortu, Aralar, Eusko Alkartasuna, Alternatiba y los sindicatos ELA y LAB.

Las movilizaciones en torno a los presos etarras se han reactivado después de que a finales de diciembre pasado el colectivo de reclusos anunció que respalda el fin de la violencia, admitió las consecuencias que tuvo para la población su lucha armada y las lamentó, y manfiestó su decisión de someterse conforme a la ley a beneficios penitenciarios. Esta actitud había sido rechazada históricamente por la dirección de ETA.