La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación de oficio por las presuntas violaciones a las garantías de cuatro civiles –aunque hay versiones que indican que son tres–, entre ellos una menor de 11 años, que fallecieron en la comunidad de Antúnez, municipio de Parácuaro, Michoacán, durante un incidente ocurrido la madrugada del lunes en el que estaría involucrado personal del Ejército.

Mediante un comunicado, la CNDH señaló que un grupo de visitadores adjuntos llegó al lugar de los hechos para recabar datos aobre el incidente y entrevistar a testigos y a familiares de las víctimas.

El organismo subrayó que toda acción a cargo de las autoridades responsables de la seguridad pública o de las fuerzas armadas debe apegarse a la ley, el respeto a la vida y la seguridad de las personas.

Anunció que solicitará información a las autoridades involucradas y realizará las acciones necesarias con el propósito de allegarse de pruebas sobre lo sucedido.

Estanislao Beltrán, dirigente de los grupos de autodefensa de Nueva Italia, señaló en entrevista radiofónica que en las primeras horas del 13 de enero, el Ejército había rafagueado a un grupo de civiles en el cruce de la carretera que va de Antúnez a Apatzingán, lo que provocó la muerte de cuatro personas, entre ellas una niña de 11 años.

En tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sólo confirmó el deceso de dos personas durante las acciones emprendidas para desarmar a los grupos de autodefensa.

Acerca de la situación de violencia en Michoacán, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, José Rosario Marroquín, afirmó que lo ocurrido no es sorpresa, ya que la inseguridad dramática y la falta de tino de las autoridades para resolverla eran notorias desde hace más de un año.

Dijo que al haber tolerado el surgimiento de los grupos de autodefensa y luego anunciar que va a desarmarlos el gobierno deja ver que no tiene un plan definido ni intenciones claras para resolver el problema de fondo. “Esto tiene los visos de ser una guerra y si no hay una actuación gubernamental –y no me refiero a enviar más policías y militares, sino a diseñar una estrategia– podrían generarse las condiciones para que la gente siga actuando al margen del Estado”.

Realizan policías comunitarias el trabajo que el gobierno no hizo

En entrevista aparte, el sacerdote Omar Sotelo Aguilar, director del Centro Católico Multimedial y del Instituto de Comunicación y Filosofía precisó: aunque comparto lo que dice la Secretaría de Gobernación respecto de que los grupos de autodefensa tienen que entrar al orden, el gobierno también tiene que tomar en consideración que las policías comunitarias están haciendo tareas que las autoridades debieron hacer.

El creador y productor del cortometraje Hermano narco apuntó que si las autoridades piden a estos grupos que dejen las armas y vuelvan a a sus comunidades, el gobierno federal debe dar pruebas concretas de que va a poner orden y paz en Michoacán, porque si no de nada va a servir, sino al contrario.

Tras señalar que Hermano narco II será lanzado a finales de este mes, que el material tiene una duración de 15 minutos y que el tema central es el perdón ante el clima de violencia, Sotelo Aguilar indicó que la Iglesia católica no sólo ha denunciado la violencia y los atropellos, sino que también ha sido mediadora. En ese sentido sostuvo que juega un papel importante en tratar de orientar a los fieles sobre la justicia, los derechos humanos, el derecho a vivir en paz y pedir cordura, además de dar un mensaje de paz, que nunca es opción la violencia ni la intolerancia.