Buenos Aires, 16 de enero.

A un mes de los graves alzamientos policiales en diversos lugares del país, el gobierno nacional envió mil gendarmes a Córdoba ante la amenaza de un grupo de policías de ese estado de iniciar nuevas acciones de protesta por supuesto incumplimiento de los acuerdos y las medidas que se están tomando contra los responsables de los hechos que dejaron muertos y severos daños en varias provincias en diciembre pasado.

En Argentina nadie puede estar sometido a procesos extorsivos, dijo el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, al anunciar la decisión gubernamental de enviar a las fuerzas de seguridad en respuesta a la solicitud del gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, ante una serie de movilizaciones que aunque fueron pequeñas instaban a un nuevo acuartelamiento, después de que el Tribunal de Conducta Policial sancionó a cuatro agentes por intentar instigar a nuevos actos sediciosos,

Un pequeño grupo de oficiales, que mantenían un bloqueo frente a la Central de la Policía, levantaron esta tarde la medida por falta de apoyo y ante la fuerte posición asumida por el gobierno decidido a impedir que se reprodujera el violento conflicto policial del 3 y 4 de diciembre pasados, en esa misma provincia que derivó hacia otros estados en una sospechada acción conjunta.

También alrededor de una docena de mujeres interrumpieron durante tres horas la céntrica avenida Colón, para protestar por el presunto incumplimiento del acuerdo firmado entre el gobierno provincial y los policías, en diciembre pasado.

Las esposas de los uniformados nucleadas en un grupo bajo el nombre de Rosas Azules convocaron por las redes sociales para dar un abrazo a la jefatura, y esto llevó a la suspensión de cuatro oficiales y luego a la detención de la líder de este grupo Adriana Rearte, en el marco de la causa que investiga la instigación y la participación del acuartelamiento de diciembre.

Precisamente las Rosas Azules fueron las mujeres que el 1° de diciembre pasado bloquearon la Guardia de Infanteria, lo que derivó luego en el acuartelamiento de los efectivos de casi la totalidad de la fuerza, dejando indefensa a la ciudad, o como señalan los jueces territorio liberado para los saqueos y destrozos que dejaron muertos y daños millonarios en la capital.

Este movimiento de los policías y sus mujeres creó un fuerte clima de tensión. Sus exigencias ahora se centraban en pedir el cese de presiones encubiertas y que se cumplan los puntos que faltan del acuerdo.

Esto decidió al Tribunal de Conducta Policial a ordenar algunas detenciones ante la evidencia de que los efectivos estarían promoviendo un nuevo autoacuartelamiento policial con reclamos similares a los que llevaron al motín ocurrido el 3 de diciembre.

“El acuerdo firmado entre el gobierno de Córdoba y los uniformados acuartelados el 4 de diciembre pasado, podría derivar en una nueva crisis. Los 14 puntos contemplaban –además de la promesa de aumento– una serie de reclamos que tenían que ver con las condiciones de trabajo y los abusos de poder denunciados por los policías de bajo rango. Pero a poco más de un mes de aquellas agitadas y dolorosas jornadas, varios de esos puntos siguen sin cumplirse”, señalan los inconformes.

Lo que sucede es que varios gobiernos y en especial el Ejecutivo Nacional advirtió que lo que había sucedido entonces eran graves hechos extorsivos y varios fiscales sostuvieron que los acuerdos fueron firmados entre hombres armados y gobernadores desarmados, mientras las ciudades se incendiaban en los saqueos.

Además, el abogado Miguel Ortiz Pellegrini, quien representó a los policías durante el acuartelamiento, aclaró que las mujeres que hoy protestaron son parte de un grupo minoritario ajeno a los que firmaron el acuerdo que puso fin al conflicto policial.

Desde Buenos Aires el jefe de gabinete advirtió que las fuerzas federales fueron enviadas en una acción de seguridad preventiva y por requerimiento formal del gobernador cordobés.

Indicó además que el envío de fuerzas federales tiene como objetivo evitar acciones que impliquen medidas de carácter extorsivo, y remarcó que es imprescindible hacer valer la autoridad legítimamente constituida en democracia y el orden institucional. De modo categórico queremos afirmar que el apoyo de las fuerzas federales es absolutamente contundente a los efectos de evitar cualquier tipo de acción que implique medidas de carácter extorsivo.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Sergio Berni aseguró que existen pequeños grupos dentro de la policía que aún no se adaptan a vivir en democracia, y marcó las características extorsivas de estos nuevos movimientos.

Berni llegó a Córdoba con los gendarmes y para reunirse con De la Sota.

En relación a los hechos de diciembre pasado, el fiscal de Córdoba Raúl Garzón ordenó la detención de 17 policías y la esposa de un efectivo de la fuerza por presuntos delitos cometidos durante el autoacuartelamiento, que derivó en saqueos.