l presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dio a conocer ayer un paquete de medidas orientadas a acotar las funciones de espionaje realizadas por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) de ese país. Entre las decisiones adoptadas destaca la suspensión de la vigilancia a las comunicaciones de gobiernos aliados , así como la revisión de los actuales métodos de recopilación de información por parte de la NSA, con el pretendido fin de garantizar un mayor control judicial y reducir los riesgos de uso inapropiado. El mandatario reiteró además que las actividades realizadas por esa agencia han estado enfocadas exclusivamente a la persecución de los enemigos y a la prevención de las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos.

El anuncio referido implica un reconocimiento, por parte del mandatario estadunidense, del daño causado a las relaciones internacionales y a la imagen pública de su país por la difusión de las estructuras y prácticas de espionaje masivo desarrolladas por Washington y que han venido siendo evidenciadas por las revelaciones de Edward Snowden y Wikileaks. También exhibe la efectividad de la presión internacional ejercida por gobiernos como el de Alemania y el de Brasil y por organismos multinacionales, como la ONU, con el fin de adoptar medidas que protejan la privacidad de los mandatarios y los ciudadanos.

Con todo, las disposiciones anunciadas por Obama no se traducirán, en caso de que lleguen a concretarse, en un resarcimiento del daño provocado al conjunto de los afectados, entre los cuales, cabe recordar, no se encuentra únicamente los gobiernos aliados de Washington, sino también miles de entidades e instituciones públicas y, principalmente, millones de ciudadanos en todo el mundo. En efecto, entre las acciones dadas a conocer por el político estadunidense no se contempla la concreción del único escenario deseable: el desmantelamiento de su aparato de espionaje electrónico y la destrucción de la información que han obtenido en forma ilegal e ilegítma y que alcanza niveles de escándalo. Para ponderar esto último basta traer a cuento la información publicada la víspera por el diario británico The Guardian, según la cual la NSA recoge a diario casi 200 millones de mensajes de texto de teléfonos móviles en todo el planeta.

Por el contrario, el anuncio de que la recopilación de datos será únicamente sometida a una transición equivale a afirmar que Estados Unidos seguirá espiando a los ciudadanos y que se limitará a realizar cambios formales en cuanto al almacenamiento de esa información obtenida y el acceso a ella por parte de las autoridades. Sobra decir que dicha perspectiva no garantiza la salvaguarda del derecho de las personas a la privacidad.

Ante la exhibición de que el gobierno estadunidense ha venido violentando la legalidad internacional en forma sistemática y planeada, consumando con ello un atropello masivo a las garantías de personas en casi todo el planeta –empezando por el propio territorio de Estados Unidos–, es claro que la comunidad internacional no puede ni debe conformarse con el plan anunciado ayer por Obama, que implica un mero control de daños, en el mejor de los casos, o un ejercicio de gatopardismo, en el peor.