rece meses después de instalarse en la residencia oficial, el inquilino de Los Pinos puede celebrar que a lo largo de su administración se ha generado más empleo formal que en igual periodo de su nefasto antecesor, lo que quiere decir que nada tiene de qué presumir, pues la diferencia entre una y otra apenas es de 4 mil puestos de trabajo, amén de que ni lejanamente atendió la demanda de los mexicanos en edad y condición de laborar.

Con bombo y platillo pretenden festejar la reducción en la tasa oficial de desocupación abierta (0.22 puntos porcentuales) entre diciembre de 2012 e igual mes de 2013, pero los voceros oficiales y los no pocos oficiosos dejan de lado que en ese lapso sólo 23 de cada cien mexicanos lograron su objetivo a la hora de encontrar un empleo en el sector formal de la economía; a los otros 77 simple y sencillamente los remitieron a la informalidad, con todo y reforma laboral y cruzada formalizadora.

De acuerdo con las cifras del IMSS, avaladas por la Secretaría del Trabajo, en los 13 meses de estancia peñanietista en la residencia oficial se generaron 230 mil empleos formales, incluidos los eventuales urbanos y del campo, cuando la demanda superó el millón de plazas. Si se compara ese resultado con el obtenido por Felipe Calderón en igual periodo, la numeralia del Seguro Social reporta la creación de 226 mil empleos formales, de tal suerte que sí, la nueva administración gubernamental puede celebrar una mayor generación de plazas laborales, aunque éstas no rebasan las 4 mil unidades en el lapso citado. Cabe mencionar que sólo en diciembre de 2013 se cancelaron alrededor de 250 mil plazas formales.

Ahora que si la comparación se hace con respecto a los primeros 13 meses de Ernesto Zedillo o de Vicente Fox, entonces la administración peñanietista deberá organizar un carnaval, porque con el primero se cancelaron casi un millón de empleos formales y con el segundo más de 600 mil. El punto aquí es que con Peña Nieto se mantiene la política del jaloneo por migajas, por diferencias verdaderamente inocuas e inicuas, que ni de lejos resuelven el gravísimo problema estructural en materia de empleo que registra el país desde hace décadas.

Si la contabilidad se hace tomando como punto de partida el último año del salinato (1994), entonces el déficit de empleo formal en el país arroja la escalofriante cifra de 14 millones de plazas laborales no generadas, de tal suerte que en ese periodo el mismo número de mexicanos fueron remitidos al sector informal, tras su incorporación a la población económicamente activa.

Entonces, celebrar que la tasa oficial de desocupación abierta –que no considera a toda la población desempleada– se redujo 0.22 puntos porcentuales en un año (la de desocupación urbana fue menor en 0.09 puntos), no es más que pelear por migajas que en nada cambian la terrible situación laboral del país y mucho menos la resuelven, sobre todo si se recuerda que tal indicador se mantiene muy por arriba del reportado antes de la crisis del catarrito. Es el mismo ejercicio ramplón que se da en torno al crecimiento económico: de acuerdo con los organismos financieros internacionales será de 1.2 por ciento, pero de inmediato sale la Secretaría de Hacienda a defender el punto y reclama que de ninguna manera esa visión pesimista tendrá éxito, porque en realidad el brinco será de 1.3 por ciento.

Y en materia de formalización del empleo el resultado es similar, toda vez que la tasa oficial de informalidad laboral pasó de 59.22 por ciento de la población ocupada en diciembre de 2012 a 59.14 por ciento en igual mes de 2013, mientras que para el caso de la tasa oficial de ocupación en el sector informal el movimiento fue de 27.89 a 28.32 por ciento, en cada caso.

Sobre esta situación, el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM hace un ejercicio mucho más realista: “en México se oculta 70 por ciento del desempleo y la precarización de los trabajadores… la población desempleada no es de 2.7 millones de personas, como lo manejan las fuentes oficiales, sino se trata de casi 9 millones de personas que no logran obtener un empleo, ya sea formal o informal; los altos niveles de desempleo en México persisten a pesar de la reforma laboral, y al contrario de lo que se esperaba, la mayor parte de los empleos generados este último año fueron informales y con mayor precarización”.

El CAM detalla: el Inegi reconoce que la tasa de desocupación que calcula no mide el desempleo, de allí que, utilizando parámetros de la Organización Internacional del Trabajo, hemos construido, desde 2005, una metodología para la medición del desempleo, por medio de la cual se obtienen los siguientes resultados: para el tercer trimestre de 2013 la población desempleada en México es de 8 millones 900 mil 222 personas y la tasa de desempleo es de 15.2 por ciento. La población desocupada que reporta el Inegi apenas es el 30 por ciento de la población desempleada, es decir, con la tasa de desocupación del Inegi se encubre 70 por ciento del desempleo y de la precarización del trabajo y del nivel de vida de las familias.

El citado centro de análisis subraya que los organismos oficiales no toman en cuenta el 70 por ciento del desempleo, y una tasa de desempleo construida con parámetros de la OIT resulta siempre alrededor de 10 puntos porcentuales más alta que la tasa de desocupación del Inegi. Como consecuencia, esta población queda también fuera de los análisis de políticas públicas realizados por instituciones gubernamentales y se hace poco por ella, ignorando o desmintiendo su existencia, y queda en duda las actividades que ésta realiza o cuál será su futuro.

Por su lado, el Inegi reporta que, con todo y la reducción referida, al cierre del año pasado 21 de las 32 entidades federativas reportaron una tasa oficial de desocupación mayor a la media nacional, y sólo 11 por debajo. Querétaro fue el estado que mayor tasa oficial de desocupación oficial registró en diciembre pasado, con 6.13 por ciento; le siguieron Tabasco (5.94), Tamaulipas (5.89), Aguascalientes (5.85), Sonora (5.74) y Durango (5.7). El Distrito Federal reportó 5.26 por ciento. La menor correspondió a Campeche (1.96).

En fin, la danza de las migajas, y mientras ese sea el criterio el país nunca saldrá del hoyo.

Las rebanadas del pastel

Impresionante: “5 millones de viviendas… Miles de deudores que adquirieron un departamento de interés social en áreas suburbanas con pocas opciones de transporte y servicios públicos, simplemente abandonaron sus viviendas”. Ello equivale a cerca de 20 por ciento del total de viviendas particulares en el país. ¿Quién autorizó la construcción en esas áreas?

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