e acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp), el crecimiento de la economía nacional que se espera para este año –entre 3.41 y 3.9 por ciento, según diversos pronósticos– es meramente inercial, e instó a la clase política a acelerar el paso en la elaboración y aprobación de las leyes reglamentarias de las reformas aprobadas durante las últimas semanas del gobierno anterior y en el curso de esta administración. De darse correctamente las leyes secundarias y lograr un verdadero estado de derecho en la economía, entonces sí se podría pensar en lograr tasas de crecimiento cercanas a 5 por ciento, pero no este año, afirmó la entidad.

El señalamiento mencionado exhibe, de seguro en forma involuntaria, la incapacidad de la política económica vigente para impulsar las tasas de crecimiento que el país necesita.

Es pertinente recordar, en efecto, que desde hace tres décadas la economía nacional, cuando no se ha reducido, ha crecido en proporciones insuficientes. De tal manera, se ha minimizado la capacidad de crear empleos, ha resultado imposible generar recursos fiscales sin abrumar a los causantes cautivos y a la industria petrolera y, por supuesto, se ha erosionado gravemente el bienestar de la población.

El lapso referido coincide en forma precisa con el ciclo de gobiernos neoliberales que han privatizado la casi totalidad de la propiedad pública, han demolido o erosionado instituciones de bienestar y redistribución, han eliminado o reducido derechos y conquistas laborales, han suprimido regulaciones para dejar la economía librada al libre mercado –aunque importantes sectores económicos se encuentren bajo el poder de monopolios o duopolios–, han abierto el mercado nacional sin parar mientes en los productores locales, han delegado funciones gubernamentales en contratistas, han entregado e empresas extranjeras concesiones y licencias para la explotación, en condiciones de saqueo, de los recursos naturales y, para posibilitar lo anterior, han alterado la legalidad nacional mediante sucesivas reformas constitucionales y legales.

El más reciente tramo de este proyecto es, precisamente, el paquete de reformas impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, esas a cuya plena aplicación exhorta el Ceesp como forma de alentar el crecimiento económico.

Debiera ser evidente, a estas alturas, que el modelo neoliberal no es capaz de impulsar dicho crecimiento; por el contrario, a lo largo de 30 años lo ha inhibido y ha propiciado al mismo tiempo el crecimiento de un puñado de fortunas personales y corporativas y el empobrecimiento de los sectores mayoritarios de la población. En las actuales circunstancias ni siquiera las tasas de crecimiento de 5 por ciento que podrían lograrse –a decir del organismo empresarial– con una profundización de las recetas neoliberales serían suficientes para compensar el grave daño social causado por las políticas económicas en curso.

Se requiere, en cambio, de un ejercicio gubernamental que aliente el empleo, reactive el mercado interno, ponga freno a las prácticas depredadoras de los monopolios privados, promueva la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, impulse los sectores agrario e industrial del país y que invierta, en suma, las prioridades oficiales actuales y anteponga el bienestar de la población a los requerimientos de ganancia de los grandes capitales.