La jefa delegacional de Iztacalco, Elizabeth Mateos Hernández, interpondrá una denuncia penal contra quien resulte responsable de los señalamientos de que pidió dinero a los trabajadores de la demarcación.

Yo soy la primera que solicita que se investigue; soy la más interesada en que este tema se aclare, pues no puede ser que tan fácil se trate de enlodar la imagen de una servidora, cuando no hay siquiera imputaciones directas, atajó la funcionaria. Señaló que ya analiza con sus abogados qué delito se configura para acudir a las instancias correspondientes.

Sin embargo, la funcionaria evadió responder si su marido, Carlos Estrada, aspira a sustituirla en el cargo en 2015. Argumentó que ella no puede hablar por terceras personas; yo puedo hablar por mí y el trabajo que estoy haciendo como jefa delegacional.

Entrevistada luego de poner en funcionamiento bebederos en la escuela primaria Participación Social número 3, reiteró que las acusaciones en su contra son falsas y que son parte de una guerra sucia para denostar su imagen.

Esto se debe a revanchas políticas, a gente que está resentida con la administración pública o porque no es parte de ella, o porque quiere empañar el trabajo que estamos realizando en la delegación, manifestó.

Tras reconocer que ella misma no está al corriente del pago de cuotas al Partido de la Revolución Democrática (PRD), insistió en que lo único que ella hizo fue hacer un llamamiento, en mi calidad de jefa política de mi delegación, para que los militantes perredistas se pusieran al corriente de esa obligación, que está en los estatutos del partido.

Dijo desconocer el nombre del funcionario que supuestamente la acusa de pedir dinero, mediante la difusión de un video, pues lo ha hecho en penumbras, escondido, además de que tampoco hay una sola denuncia en la Contraloría y en la Procuraduría General de Justicia.

Asimismo, dijo que no se ha despedido a ningún trabajador de la delegación Iztacalco porque haya dejado de dar o no haya dado cuota alguna, pero dijo que los jefes delegacionales tienen la facultad de remover o pedir la renuncia de cualquier trabajador de estructura que no cumpla con sus funciones o por corrupción.