La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a las mesas directivas de la Cámaras Diputados y el Senado que pidan al Ejecutivo Federal el indulto para Esperanza Reyes Aguillón, con fundamento en el artículo 97 bis del Código Penal Federal. Reyes Aguillón es una ama de casa originaria de San Luis Potosí que hace tres años fue detenida y condenada a seis años de prisión por pagar con un billete falso de 100 pesos _sin saberlo– una libreta para su hija en una papelería de la capital de ese estado. La encargada del negocio llamó a la policía, que la detuvo y puso a disposición de las autoridades federales. El juzgador dictó condena de seis años de cárcel y la mujer fue llevada al penal de Tepic, Nayarit, de donde la trasladaron a las Islas Marías. El 14 de enero fue ingresada al penal potosino de La Pila en espera de que se resuelva el procedimiento de indulto presidencial.

La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá un amparo presentado por indígenas ñañús de la comunidad de San Idelfonso, Hidalgo, contra de Teléfonos de México (Telmex) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por la omisión de garantizar la prestación continua y permanente del servicio de telefonía fija. Los ministros atrajeron el caso por su trascendencia jurídica, pues se determinará si Telmex es autoridad responsable cuando realiza actos equivalentes a los de autoridad y por tanto puede ser demandado vía juicio de amparo.

La primera sala de la Suprema Corte dejó sin efecto el convenio amistoso para la precisión y reconocimiento de los límites territoriales entre los ayuntamientos mexiquenses de Nextlalpan y Zumpango. Al resolver ayer una controversia constitucional promovida por el municipio de Jaltenco, que colinda con ambas localidades, los ministros consideraron que se debió otorgar derecho de audiencia a éste, como parte interesada.

Nezahualcóyotl, Méx. La empresa española OHL precisó que fue de 10 por ciento el incremento a las tarifas de la autopista Circuito Exterior Mexiquense y aseguró que el alza corresponde a la inflación. Alan Gleason, gerente de mercadotecnia de la compañía, explicó que las demás empresas operadoras de autopistas urbanas concesionadas y Caminos y Puentes Federales también incrementaron sus tarifas. Aclaró que en el tramo de Bordo de Xochiaca (Nezahualcóyotl) a la caseta Hank González (Ecatepec) la tarifa es de 58 pesos y no de 64, como se publicó.

Guadalajara, Jal. Habitantes del municipio conurbado de Tlajomulco de Zúñiga, al sur con Guadalajara, interpusieron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) 120 quejas contra autoridades que han permitido la distribución de agua contaminada con arsénico, pese a que se destina a consumo humano. Las quejas van dirigidas contra el ayuntamiento de Tlajomulco, gobernado por Ismael del Toro, de Movimiento Ciudadano. Tras manifestarse fuera del edificio de la CEDHJ, los quejosos dijeron que desde hace años han recibido agua de mala calidad en Tlajomulco, aunque apenas en octubre pasado la Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ) dio a conocer el resultado de los estudios realizados al agua en el estado. En diciembre pasado la SSJ clausuró un pozo que abastecía a la colonia Nueva Galicia, donde habitan unas 4 mil personas, a pesar que su titular, Jaime Agustín González Álvarez, ha reconocido en 90 de 125 municipios la cloración del agua potable es deficiente y el líquido está contaminado con metales pesados. En el pozo mencionado, la SSJ detectó concentraciones de 0.679 miligramos de arsénico por litro de agua, pese a que el máxim≠o permitido por la norma oficial mexicana 127 es de 0.025.