La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió el amparo liso y llano y ordenó la libertad inmediata de Adriana Manzanares Cayetano, indígena tlapaneca sentenciada a 22 años de prisión después de haber sido golpeada, insultada y acusada por una asamblea popular en el municipio de Ayutla de Los Libres, Guerrero, debido a que, producto de una infidelidad, dio a luz a un bebé que murió poco después de haber nacido, de acuerdo con la versión del Ministerio Público en que se basó la sentencia condenatoria.

Los ministros consideraron que se violaron los derechos de defensa adecuada y debido proceso de Adriana, ya que en 2006, cuando se le sentenció, no hablaba español y, al no contar con un intérprete para rendir su declaración preparatoria, se autoincriminó, lo que vulneró su derecho a la presunción de inocencia.

De acuerdo con el expediente, armado a partir de lo que contó al Ministerio Público el comisario ejidal de El Camalote (municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, donde ella vivía), la joven tuvo su hijo cuando se encontraba sola en casa de sus padres, pero se le cayó de las manos y, asustada, decidió enterrarlo a unos metros del lugar; cuando su pareja sentimental le preguntó por el bebé, ella le dijo que había nacido muerto.

El Ministerio Público dio por buena la versión y acusó a Adriana de haber matado al bebé. Fue consignada por homicidio calificado y sentenciada por un juez de Guerrero a 32 años de prisión, pena que se redujo a 22 años porque la defensa solicitó que se reclasificara la acusación (homicidio culposo en lugar de doloso).

Sin embargo, según la defensa, la historia es otra: en 2005 Adriana Manzanares se embarazó producto de una relación extramarital. En 2006, su marido regresó a El Camalote después de trabajar varios años en Estados Unidos. Al ver que estaba embarazada, la golpeó y la corrió de su casa. Ella se refugió con sus padres, quienes también la agredieron.

El 18 de abril de 2006 la mujer, entonces de 19 años de edad y monolingüe, sufrió un aborto espontáneo de un feto de seis meses, lo cual fue producto de las agresiones, dijeron las organizaciones defensoras.

Su padre habló con el comisario ejidal para denunciarla. Se tocaron las campanas y se juntó una turba que arremetió contra ella a pedradas e insultos. De acuerdo con sus usos y costumbres, un grupo de 30 personas constituido en asamblea la juzgó por haber abortado y por haber sido infiel a su marido.

Inmediatamente fue puesta a disposición del Ministerio Público y se abrió la causa penal 053-1/2006. Manzanares Cayetano enfrentó sin traductor la acusación y el proceso.

El 7 de septiembre de 2011, el Centro Las Libres, de Guanajuato, y la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas tramitaron un juicio de amparo que fue atraído por la SCJN.

El tribunal consideró que la violación del debido proceso era suficiente para ordenar la libertad inmediata de la acusada.

Con información de Carlos García, corresponsal

Habría salido antes si fuera extranjera: ONG

Sergio Ocampo Arista, corresponsal

Chilpancingo, Gro., 22 de enero.

La indígena tlapaneca (me’phaá) Adriana Manzanares Cayetano abandonó a las 16:20 horas de hoy la prisión de Chilpancingo, donde pasó siete de los 22 años a los que fue condenada por homicidio en razón de parentesco, luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó su inmediata y absoluta libertad.

A punto de las lágrimas y con un castellano entrecortado, habló de su liberación: “Pues bien (…) porque como lo vuelvo a decir, y ustedes que trabajan de esos (casos), quisiera que primero hubiera justicia, y que hagan caso de lo que hablan algunas (personas) que no pueden hablar como yo. Que salgan libres, y que los que están fuera den orientación (a las presas).

Lo que sé es que hay mucha gente inocente que están ahí (en la cárcel). A este Cereso (Centro de Readaptación Social) vine hace unos siete años.

–¿Cómo se siente luego de estar presa?

–Pues fíjate que le doy muchas gracias a Dios, como a Silvia (Castillo, del Instituto Guerrerense de Derechos Humanos) y a Eva (García Estrada, representante legal de Camino con Alas) porque solamente ellas fueron mi familia todo este tiempo que estuve aquí, los siete años.

–¿Siente coraje por lo que pasó con usted?

–No siento ni coraje ni nada, porque nunca perdí la esperanza de salir algún día, a luchar.

–¿Qué le enseñó esta experiencia en la cárcel?

–Me enseñó a luchar sola como mujer. A vivir sola, y a luchar por lo que venga después.

–¿Hay discriminación contra los indígenas en la cárcel?

–Sí la hay, porque si no fuera así ya me hubieran hecho caso desde hace tiempo.

–¿De dónde es originaria usted? ¿Qué opina del acuerdo que tomó su pueblo al acusarla?

–Yo soy de El Camalote (municipio de Ayutla de los Libres). Siento tristeza porque la gente son ignorantes, pero espero que así también sepan las cosas y que ya no hagan lo mismo. No pienso volver (al pueblo), sólo por mis tres hijos. Yo estoy viviendo en unión libre (con otro compañero).

Silvia Castillo recordó que la libertad de Manzanares se logró con el amparo que se solicitó a la SCJN porque no hubo confianza en las autoridades locales.

Consideró que la liberación de la indígena, que en marzo cumplirá 27 años de edad, fue un poco tardada y lamentamos mucho que ella no sea extranjera, porque (su salida) habría sido más rápida.

Eva García Estrada, representante legal de Camino con Alas, manifestó que han sacado a tres mujeres de cárceles de Guerrero.