a pasado un año de que en México comenzaron a surgir las policías comunitarias y grupos de autodefensa como una forma de enfrentar la inseguridad, generada por la incapacidad de los órganos del gobierno de cumplir con su obligación de brindar seguridad a la población. El fenómeno comenzó a notarse desde noviembre de 2012, apenas unos meses después de que se decidió la elección de Presidente de la República. En varios entidades federativas, marcadamente Guerrero, Michoacán, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca, comenzaron a mostrarse públicamente diversas policías comunitarias y grupos de autodefensa; después se supo que muchas de ellas no eran tales sino grupos formados por políticos profesionales para posicionarse frente a sus adversarios y desaparecieron. Detrás del fenómeno, se especuló, podía encontrarse el general colombiano Óscar Naranjo, ligado a grupos paramilitares en Colombia y en ese entonces asesor en materia de seguridad del presidente electo de México.

Muchas cosas han pasado en el tiempo transcurrido, entre ellas la estrategia estatal para enfrentarlas. En el estado de Guerrero esto se nota con claridad. A lo largo de 18 años los pueblos fueron creando un sistema de seguridad y justicia comunitaria conocida como Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). En enero del año pasado, un grupo de fundadores de ella, que a su vez militaban en la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), descontentos con el rumbo que estaba tomando el proyecto, se apartó de él y formó el sistema de policía ciudadana. Dada la cercanía de la UPOEG con gente del gobierno, que le permitía negociar tanto con el gobernador del estado como con el secretario de Gobernación, la CRAC denunció que se trataba de una estrategia contra ellos. Pero las cosas cambiaron cuando la UPOEG y la policía ciudadana señalaron a miembros del Ejército de estar coludidos con los delincuentes y los enfrentaron. A partir de entonces sus relaciones con el gobierno se enfriaron y ambos tuvieron que ajustar sus formas de actuación.

Con la CRAC el gobierno usó una estrategia diferente. Pasando por encima de la legislación del estado que reconoce su existencia, el gobierno comenzó a criminalizar sus actividades, acusando a varios de sus dirigentes de diversos delitos, librando órdenes de aprehensión contra ellos y exponiéndolos frente a los delincuentes a quienes combatían. Paralelamente a estas acciones, el gobierno estatal abrió puertas para la negociación y sacó a la luz pública la entrega de recursos económicos destinados a apoyar sus actividades de seguridad, al tiempo que lanzaba la idea de que no se dedicaban a lograr su objetivo. Como resultado de esta estrategia estatal varios dirigentes comunitarios se encuentran detenidos en prisiones federales y los que están en libertad han quedado cercanos al gobierno y cargando con la duda de su honestidad. Como puede verse, en vez de procurar seguridad y métodos eficaces de impartir justicia, el Estado busca someter a quienes luchan por lograrlo, para controlar sus actividades.

En el estado de Michoacán es distinto. Ahora se sabe que los grupos de autodefensa se formaron por agricultores que se encontraban a merced del crimen organizado, con el apoyo o la anuencia del gobierno federal, hecho que se confirma con la coordinación de las autodefensas, el Ejército y la Policía Federal para expulsar a sus adversarios del estado. Dicho de otra manera, al margen de la ley y aun contra ella, el gobierno federal decidió aprovechar la necesidad de los agricultores michoacanos para recuperar el territorio perdido. Ya buscará la forma de deshacerse de las autodefensas cuando ya no las necesite, situación que, al parecer, puede alcanzarse sin problemas, pues los dirigentes de las autodefensas han dicho que cuando desaparezca el problema que los llevó a armarse ellos dejarán las armas y volverán a sus actividades cotidianas. El problema es cómo y cuándo sucederá eso.

En este panorama no es ocioso insistir en la distinción entre policías comunitarias y grupos de autodefensa. Aunque las causas del surgimiento público de ambas coincide y en su accionar se parecen bastante, no son lo mismo. Las policías comunitarias forman parte de las estructuras de gobierno de los pueblos y obedecen a ellos, quienes son los responsables de su funcionamiento; su existencia y funcionamiento forman parte de los derechos de los pueblos indígenas. Las autodefensas, en cambio, son grupos de ciudadanos que se organizan y arman para procurarse seguridad, y cuando lo logran desaparecen. Pero esto último no es fácil, porque nada asegura que la causa que los llevó a armarse desaparezca del todo; además, no tienen más control que el que sus miembros se procuren. Y si no desaparecen pueden convertirse en un problema. O ser utilizados por el gobierno para controlar el descontento social. Por eso es necesario distinguirlas.