n 2011 el Banco Mundial publicó un libro titulado El camino a la excelencia académica y la construcción de universidades con investigación de clase mundial. La idea central es que las universidades privadas se pueden financiar, por lo que se refiere a la docencia, con recursos propios, entre éstos las elevadas colegiaturas que pagan sus alumnos; pero en la investigación deben intervenir los gobiernos, como ocurre en las grandes universidades privadas de Estados Unidos, pues la investigación es muy costosa y sólo los gobiernos pueden auxiliarlas con financiamiento.
Quizá este es el espíritu subyacente en la reciente firma de un convenio entre Conacyt y las instituciones particulares de educación superior del país. Esto significa que el Conacyt aportará, a través del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el 100 por ciento del monto del estímulo económico a los investigadores miembros de este sistema que laboran en instituciones particulares de educación superior, con el fin de que contribuyan al desarrollo integral de la investigación científica y tecnológica en México
, apuntó Enrique Cabrero, director general del organismo (comunicado de prensa de Conacyt del 20 de enero de 2014).
El convenio es interesante pues las universidades privadas adquieren el compromiso de canalizar el equivalente de los recursos que el SNI destinará al incentivo de sus investigadores al desarrollo de la investigación en sus instalaciones, así como al fomento de posgrados de excelencia
(ídem). Es decir, te doy un peso y tú pones otro para que en tus instalaciones se desarrolle la investigación.
Antes de este convenio, según señala el comunicado citado, Conacyt sólo contribuía con 30 por ciento del estímulo a los miembros del SNI en las instituciones privadas. Ahora será del 100 por ciento. En principio suena coherente, pues ser profesor de una universidad privada, incluso de aquellas que cobran más de 15 mil pesos mensuales de colegiatura, no es garantía de buenos salarios y, además, la carga de horas-clase para los que tienen plazas de tiempo completo suele ser mayor que, por ejemplo, en la UNAM, donde la investigación se hace desde hace mucho tiempo. Compárese para el caso el número de miembros en el SNI pertenecientes a la UNAM y el de las universidades privadas, incluido el Tecnológico de Monterrey.
Esta última institución privada de educación superior aspira a convertirse no sólo en la mayor universidad de América Latina que forme emprendedores, sino que su principal división, de las cuatro que componen el Sistema Tecnológico de Monterrey, se ha planteado desde hace tres años fortalecer la investigación como apoyo para elevar su nivel académico. No es de dudarse que el Tec de Monterrey haya sido la principal influencia para que las políticas de Conacyt de financiamiento a la investigación en las instituciones privadas haya aumentado de 30 por ciento a 100 por ciento. El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) no es desdeñable numéricamente: cuenta con alrededor de 65 campus en 31 estados de la República y unos 300 mil estudiantes (140 mil en su división principal; las otras divisiones se llaman Universidad Tec Milenio, Tec Salud y Universidad Virtual).
La idea de fomentar la investigación en todo tipo de universidades, públicas y privadas, no es mala, al contrario: el país requiere más inversión en el desarrollo de ciencia y tecnología, así como en cultura. Sin embargo, es probable que el gobierno esté subsidiando indirectamente a las empresas privadas en el fomento de la investigación. En un documento del ITESM sobre la carrera del profesor de profesional y graduados, se lee que “el profesor titular con doctorado en una área relacionada con su especialidad docente, las actividades esperadas… son: impartir clases al menos el 40 por ciento de su tiempo y el tiempo restante deberá dedicarse a atraer y dirigir programas institucionales de investigación…” (las cursivas son mías). Esto quiere decir, en principio, que el profesor investigador deberá conseguir las investigaciones que dirigirá, las cuales serán institucionales, esto es, aprobadas por la institución. ¿Vendedor de proyectos sin libertad de investigación que sí existe en la UNAM? Puede ser. Probablemente estaríamos hablando de un doble problema: por un lado el Conacyt estaría financiando lo que las empresas privadas ya financian mediante contratación de investigaciones que necesitan (como en Estados Unidos) y, por otro lado, estaría financiando a las empresas que requieren investigaciones para su propio desarrollo y no necesariamente para el país. El Tec, debemos recordarlo, lo creó Garza Sada en 1943 para producir los cuadros profesionales que requerían sus empresas, es una institución educativa para empresarios (el presidente del Consejo Directivo de Enseñanza e Investigación Superior es Lorenzo Zambrano [Cemex] y su vicepresidente es José Antonio Fernández Carbajal [Femsa] y parte de los estudios que deben realizar sus estudiantes son precisamente proyectar una empresa). Muy gringo el proyecto, originalmente copiado, más o menos, del MIT.
Otras universidades privadas podrían estar en situación semejante al ITESM, pero obviamente no tienen la misma capacidad e influencia, ni la misma extensión de sus planteles por todo el país y en el extranjero. Ni siquiera el sistema de la Universidad La Salle, que es internacional.
En resumen, qué bueno que se incentive y se financie la investigación. El país la requiere en todas las ciencias y las tecnologías. Pero quedan dudas sobre la bondad del convenio con las universidades privadas.
