De diciembre de 2012 al mismo mes de 2013, el gobierno federal ha detenido e investigado a 34 integrantes de autodefensas michoacanas por tener vínculos con grupos del crimen organizado, revela información de la Procuraduría General de la República (PGR), y de funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional.

Las fuentes advirtieron que existe la posibilidad de que algunos grupos de autodefensa que operan en esa entidad se conviertan en nuevas organizaciones criminales si no se les desarma.

Los entrevistados resaltaron que los diagnósticos que han elaborado los órganos de inteligencia mexicana consideran que ex miembros o colaboradores de cárteles como Los Zetas, La familia michoacana y el cártel Jalisco nueva generación, se han sumado a los grupos de autodefensa y han participado en la capacitación para el manejo de armas de uso exclusivo del Ejército a las células que ahora enfrentan a los integrantes de Los caballeros templarios.

Dijeron que existe la necesidad de desarmar a las autodefensas, ‘‘ya que si se mantiene la política de que solamente se actuará en su contra si andan en la calle armados y son detectados por las autoridades, existirán grupos con capacidad de fuego que pudieran sustituir a las organizaciones que ahora son combatidas’’.

Asimismo, explicaron, los registros de la PGR indican que hasta antes de la designación de Alfredo Castillo como comisionado para Michoacán, 34 integrantes de los grupos de autodefensa fueron detenidos y cinco de ellos fueron enviados al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) que se localiza en Hermosillo, Sonora.

Los reportes oficiales señalan que de los 34 autodefensas aprehendidos, 17 actuaban en el municipio de Buenavista, cinco en Tancítaro y 12 en Peribán, y a todos ellos se les detuvo por su presunta responsabilidad en extorsión, delincuencia organizada y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos’’.

La información ministerial indica que las indagatorias de la PGR sobre los autodefensas detenidos ‘‘fueron iniciadas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido)’’, aunque puntualiza que la autoridad desconoce a qué grupo delictivo pertenecen.

Los entrevistados mencionaron finalmente que parte de las actividades que realizarán las autoridades federales enviadas a Michoacán, será determinar el origen de las armas con las cuales los grupos de autodefensa llevan a cabo sus acciones de seguridad, establecer cuántas de éstas fueron usadas por los grupos criminales que operan en esa entidad y si se utilizaron para cometer homicidios.