El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, sostuvo que ninguna instancia del gobierno auspició o recomendó el surgimiento de grupos de autodefensa en Michoacán y rechazó que el asesor en seguridad del presidente Enrique Peña Nieto, el general colombiano Óscar Naranjo, haya propuesto armar ciudadanos para enfrentar al crimen organizado en la entidad.

En tanto, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) señalaron por separado que es necesario que se reconstruya el tejido social y económico en Michoacán para resolver el problema de las autodefensas.

Por su parte, activistas sociales coincidieron con Human Rights Watch (HRW) en que el surgimiento de estos grupos “podría salirse de control y ponerse al servicio de intereses particulares si el Estado no diseña una estrategia para recuperar el control de dichas zonas, más allá de realizar operativos policiacos y militares”.

Dudo mucho que el general Naranjo opinara en favor de las autodefensas, pero también estoy seguro que aun cuando lo hiciera no se le habría hecho caso, declaró Beltrones, quien atribuyó a especulaciones y rumores las versiones de que desde la esfera gubernamental se armó y promovió a michoacanos para enfrentarse al crimen organizado.

Las autodefensas, expresión del fracaso en seguridad: Morena

Martí Batres Guadarrama, presidente de Morena, dijo que si no se reconstruye el tejido social y económico en esa entidad, no habrá ningún resultado ni nombrando mil comisionados.

En conferencia de prensa, manifestó que los grupos de autodefensa son expresión del fracaso de la política de seguridad pública aplicada desde la época de Ernesto Zedillo, con la creación de la Policía Federal.

A su vez, la CEM señaló que ante el drama de la violencia del narcotráfico que se vive en diversas zonas del país, particularmente en Michoacán, debe plantearse una solución integral e incluyente.

En la séptima reunión del Consejo Permanente de la CEM, realizado esta semana en la sede del organismo y en la que participaron obispos representantes de las 18 provincias eclesiásticas, además del cardenal José Francisco Robles Ortega y Eugenio Lira Rugarcía, presidente del organismo eclesial y secretario general, respectivamente, los jerarcas católicos expresaron su pesar por las víctimas de la violencia.

Además, respaldaron los señalamientos hechos a mediados de enero por el obispo de Apatzingán, Miguel Patiño Velázquez, en una carta pastoral, quien dijo que la gente espera una acción más eficaz del Estado en contra de los que están provocando este caos y en la que pidió a los políticos, al gobierno y al secretario de Gobernación que “den a los pueblos de nuestra región signos claros de que en realidad quieren parar a la máquina que asesina’”.

Édgar Cortez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, señaló que si bien los grupos de autodefensa pueden tener cierto grado de legitimidad, significan un riesgo real, ya que pueden ser susceptibles a la cooptación.

No podemos descalificarlos por completo, pero parte del riesgo es que terminen convirtiéndose en grupos armados sirviendo a quién sabe qué intereses, alertó Cortez, quien llamó a no poner en la misma bolsa a las autodefensas y a las policías comunitarias, que surgen en localidades indígenas y tienen una visión precisamente comunitaria.