El sector empresarial ha demandado modificaciones a la reforma laboral, particularmente en los temas de subcontratación (outsourcing) y la aplicación de sanciones y multas, cobros que se fueron arriba de los 5 mil salarios mínimos para algunos casos, y consideran que esto podría reventar a las empresas; pero esa hipótesis no se ha dado, porque en los hechos se han establecido sistemas de convencimiento, de arreglo, pactos y convenios para que se cumpla con la Ley Federal del Trabajo (LFT).

De esta forma, más que modificaciones a la reforma laboral, se consideraría que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) emita ciertos criterios, por ejemplo, en lo que respecta al outsourcing, señaló el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida.

Sin embargo, el gobierno mexicano solicitó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) un análisis, una opinión técnica sobre la reforma laboral, no como árbitro, sino como el ente de más autoridad moral que tiene el mundo del trabajo, para que nos diga si la reforma va en el camino correcto y conforme a los criterios internacionales, o si hay algunas cosas que el gobierno mexicano tendría que volver a discutir.

Cuestionado acerca de si la reforma laboral se modificaría, Navarrete Prida explicó que varios sectores han planteado cambios en temas puntuales como la subcontratación y otros, y hay tres caminos para responder a esos planteamientos. El primero sería reglamentar la LFT; el segundo, plantear modificaciones legales, y el tercero, elaborar criterios comunes de aplicación. En un principio el gobierno no se inclinaría por modificaciones a la ley, según indicó el secretario.

Agregó que la reglamentación de artículos de la LFT sería la última opción, por lo que la vía más adecuada podría ser la JFCA, que por consenso emitiría conceptos de aplicación para ciertos artículos o apartados de la ley y dar certeza a todos los sectores del medio laboral, sin camisas de fuerza, reglamentándola.

El funcionario planteó que el gobierno federal no está cegado ni cerrado a revisar ciertos artículos, pero tampoco se trataría de entrar otra vez en la discusión del contenido de la reforma, sino más bien en puntualizar todo el articulado que pueda prestarse a interpretaciones.

En cuanto al análisis sobre la reforma que el gobierno federal solicitó a la OIT, sostuvo que la petición se hizo con base en un convenio con el organismo internacional, con la finalidad de que una entidad neutral opine sobre todo el contenido de la misma, porque se quiere tener la mejor legislación laboral en México.