El presidente de la Comisión Permanente del Congreso, el panista Ricardo Anaya, formuló ayer la declaratoria de validez de la reforma constitucional en materia política-electoral, luego de que 18 congresos estatales la aprobaron, y la remitió al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Al inicio de la sesión ordinaria, el diputado Anaya solicitó a la secretaría de la mesa directiva que realizara el cómputo correspondiente para dar fe de la recepción de la mayoría de los votos aprobatorios de las legislaturas de los estados, en total 18: de los estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

Moneda de cambio

Desde la tribuna, al fijar las posturas partidistas, los diputados del Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja, y del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Cantú, coincidieron, por separado, en manifestar que sus grupos parlamentarios votaron en contra de esta reforma, porque fue moneda de cambio del gobierno federal con el Partido Acción Nacional (PAN) para que éste aprobara la reforma energética.

Mejía Berdeja, del MC, sostuvo que el instituto nacional de elecciones es un engendro que deja intocados los cacicazgos, debido a la presión que ejercieron los gobernadores encabezados por Eruviel Ávila, dejaron a ese instituto a medio camino”.

A su vez, el diputado Cantú subrayó: vamos a seguir teniendo el problema de sobrerrepresentación de legisladores; se mantiene la desigualdad en las campañas políticas en cuanto a recursos económicos y en asignación de tiempos de radio y televisión.

Por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el senador Manuel Camacho Solís cuestionó en tribuna: ¿Por qué esta reforma no ha generado el entusiasmo ni el interés que provocó la reforma política aprobada en 94-96? Esa fue reconocida por todos, porque habría un IFE independiente; hoy es un tema forzado, porque esa fue la negociación con el PAN, como condición para aprobar la reforma energética.

Camacho insistió: se acepta una relección, pero no serán los ciudadanos quienes decidan, sino los partidos. Se admite la autonomía de la Procuraduría, para el año 2018, es decir, cuando ya se vaya este gobierno. Entonces es una reforma política que no termina por convencer. Hemos hecho reformas que ahora son cuestionadas por quienes operan el sistema electoral, y con toda razón. Entonces tenemos una gran obligación en lo que toca a las leyes secundarias que vienen, ahí se puede arreglar una parte de los desperfectos o ahí a lo que estaremos llevando es a que en 2015 esta reforma política quede totalmente agotada.