Un total de 65 investigaciones se han abierto por la violación a la norma 26, de las cuales 11 han terminado en juicios de lesividad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF), donde esperamos que se falle en favor de la autoridad, informó el director jurídico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), José Guadalupe Medina Romero.

Tras anunciar que a esta semana iniciará un foro en la Asamblea Legislativa sobre las reformas que debe incluir esta norma, que incentiva la producción de vivienda de interés social y popular, señaló que de esos 11 casos, en dos se procedió a la custodia del folio real (inscripción en el Registro Público de la Propiedad).

De esta manera, se evita la transmisión de propiedades que presenten irregularidades en su documentación y se fincarán acciones penales, que van de dos a siete años de prisión y multas de mil 681 a 16 mil 812 pesos, a quien autorice o edifique al margen de la norma relativa a usos de suelo.

El funcionario explicó en entrevista que desde el 10 de enero se aplican medidas administrativas, precautorias o penales a inmuebles o construcciones con irregularidades en su documentación, a fin de dar certeza jurídica a los adquirentes, quienes podrán saber si están en regla.

Explicó que los desarrolladores que incumplan la norma conocerán las consecuencias, y en el caso de los servidores públicos que destruyan, alteren, utilicen o introduzcan ilegalmente información en la expedición de usos del suelo, licencias o manifestación de construcción, serán sancionados.

De las 65 investigaciones iniciadas, con base en denuncias periodísticas o escritos de vecinos, en cuatro no se usó el certificado otorgado y se presentaron 11 juicios de lesividad por un valor de venta mayor a los 709 mil pesos establecidos en la norma 26, como en Coatzintla 9 y Presa 176, en Magdalena Contreras; y Playa Langosta 37, en Iztacalco.

Además de Marisma 54, Médano 142 y Rada 44, en Álvaro Obregón; Palomas, 92, en Miguel Hidalgo; Prolongación Uxmal 112 y Bruno Traven 93, en Benito Juárez; Antonio Caso 78, en Cuauhtémoc, y Rafael Oliva 2, en Coyocán.

No presentar las corridas financieras a que están obligados los desarrolladores les permitió construir vivienda de interés social, que después vendían como de lujo, generando abusos y excesos, señaló, y rechazó que el caso de Rafael Oliva se haya politizado.

Se presentó una denuncia sobre la venta de viviendas por encima del precio fijado en la norma, que fue investigado y terminó en un juicio de lesividad, y ahora tocará al TCA resolver, pero nosotros sólo nos basamos en argumentos jurídicos, no políticos, aclaró.

Mencionó que continúan las 50 investigaciones restantes, pues el objetivo es brindar certeza y transparencia sobre los procedimientos para las construcciones, con respeto a los planes y programas de desarrollo urbano.