l director teatral Juan Francisco Kuykendall Leal (Kuy) lo mataron agentes del gobierno. Era uno de los miles que el 1º de diciembre de 2012 protestaban con energía en las inmediaciones del blindado Palacio Legislativo de San Lázaro contra la instalación de Enrique Peña Nieto en la silla nacional de mando. Ese día, desde las barreras policiacas que con esfuerzo contenían el amago ciudadano, balas de goma y granadas de gases lacrimógenos fueron disparadas con intencional irresponsabilidad criminal, enderezadas hacia los grupos de manifestantes con ánimos de lesionarlos, de hacerles sentir el grave riesgo físico al que se enfrentaban.

Kuy, como llamaban sus amigos a quien participó en múltiples actividades de protesta política y social, fue alcanzado por uno de esos proyectiles, cayó y quedó tirado con exposición de masa encefálica, en un cuadro tan delicado que algunos de los presentes lo dieron por muerto y así lo difundieron, al grado de que el diputado de izquierda Ricardo Monreal habló en la tribuna de San Lázaro de ese primer crimen político del sexenio que en realidad no se materializó ese día inaugural, sino un año y casi 14 meses después.

No fue Kuykendall el único de los ciudadanos lesionados en ese #1DMX. Hubo otros participantes heridos, uno de ellos Uriel Sandoval Díaz, estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a quien una bala de goma reventó el ojo derecho y le causó daños en nariz y pómulos. Lesiones menores de otros manifestantes fueron atendidas por ambulantes de la Cruz Roja o quedaron en el registro doméstico de quienes ya no quisieron embrollos oficiales.

De esa muerte, de la pérdida de un ojo y de decenas de lesiones menores no hubo ni un asomo del espíritu indagatorio y justiciero al que las autoridades están obligadas. Fue como una sentencia sumaria que condenó a todo activista y opositor al régimen peñanietista a la pérdida de sus derechos ciudadanos y a una especie de limbo jurídico poblado de exoneraciones automáticas a los policías (federales y capitalinos, en el caso) y a sus jefes instructores (Osorio Chong, Mondragón y Kalb, y Mancera) y de ejemplar desatención oficial a los ciudadanos que hubiesen caído en esa batalla desigual.

Lo sucedido ese #1DMX fue inequívocamente augural. A partir de ese día se desarrollaron las estrategias de contención de la protesta social que hasta ahora han sido aplicadas, sobre todo en la capital del país. Ese uno de diciembre se vivieron episodios de violencia hasta ahora no explicada ni institucionalmente castigada, con infiltrados que aprovecharon las cargas de enojo social auténtico para generar escenas de vandalismo que ayudaran a desacreditar la protesta legítima y a justificar la mano dura policiaca, y también con técnicas de encapsulamiento (violatorio de derechos y libertades) que ahora se ejecutan ya abiertamente, como rutina descarada.

¿Quién mató, pues, a Kuykendall (y quién fue culpable de las demás lesiones, como la de Sandoval)? Hasta ahora eso no parece importarle a ninguna autoridad, ni federal ni de la ciudad de México. Hubo en los primeros días posteriores al #1DMX algunos fraseos burocráticos con los que se pretendía eximir de responsabilidad a los policías, asegurando que nadie había disparado balas de goma ese día y que los botes de gases provocadores de lágrimas siempre son tirados de tal manera que no haya riesgo de que impacten directamente a ningún manifestante (declaraciones que cualquiera de los opositores podría contradecir a partir de su experiencia personal).

No hay ni puede haber intención de investigar y castigar a nadie por esa muerte porque a fin de cuentas las autoridades asumen esos daños sociales como colaterales en una guerra contra la oposición política. Así como Calderón condenó a la inexistencia cívica y judicial a los caídos en su guerra contra el narcotráfico, privándolos del derecho mínimo a que se indagaran los hechos que motivaron esas muertes, etiquetados negativamente para enviarlos a una especie de burocrática fosa común, ahora los ejecutores de la guerra contra los opositores se han negado a investigar y a castigar a quienes ya han ido provocando muertes, heridos, detenciones arbitrarias y un calculado clima de amedrentamiento civil.

En la cúpula gubernamental aceleran los trámites para llegar a entendimientos firmes con gobiernos y corporaciones trasnacionales que tienen interés en participar en el gran negocio de la apertura mexicana en materia de energéticos. Ni siquiera se han aprobado las leyes secundarias (¿leyes? ¡secundarias!, dirían en esas alturas), en cuya letra chiquita estará concentrada toda la malignidad de los expertos en saqueos de este tipo, y diversos segmentos de la oposición de izquierda aún barajan hipotéticas fórmulas de confrontación legalista de esos apetitos político-empresariales nativos y foráneos, pero Los Pinos y en especial el director de Pemex mantienen ya una agenda de compromisos con el extranjero que generarán obligaciones jurídicas irreversibles o, en el mejor de los casos, reversibles mediante el pago de altísimas indemnizaciones. Un ejemplo de ese cabalgante cierre temprano de negocios (madruguete foráneos) lo han dado Los Pinos y Pemex al anunciar convenios de intercambio tecnológico, pero también de operación directa con una empresa rusa. Entre más compromisos jurídicos con trasnacionales haya, más difícil será la posibilidad de echar abajo la reforma energética.

Y, mientras el policía colombiano experto en paramilitarismo, el general Óscar Naranjo, ha sido llevado de regreso a su tierra por el presidente Juan Manuel Santos, a quien según eso ayudará a buscar un segundo periodo de poder, dejando tras de sí la multiplicación de grupos de autodefensa en Michoacán luego de su estancia como asesor especial de Peña Nieto, ¡hasta mañana, con la lamentable noticia de la muerte del poeta José Emilio Pacheco, una voz lúcida y respetada, de las que México tanto necesita en estos momentos oscuros!

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