La nueva Ley de Amparo, que entró en vigor en abril pasado, aún no cumple un año de vigencia y ya provocó un rezago de expedientes nunca visto en los juicios de garantías.

De acuerdo con datos oficiales, hasta el último día de diciembre pasado el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tenía registro de que los más de 727 juzgados y tribunales federales que resuelven juicios en materia de amparo tenían 268 mil 964 asuntos pendientes de resolución, 15.9 por ciento por arriba de los que había en diciembre de 2012.

A decir de José Luis Argüelles, especiaslista en amparo, la saturación de juicios no es imputable a los jueces y magistrados federales, sino a los alcances que permite la nueva legislación en la materia, pues está provocando un auge en este tipo de litigios.

Por ejemplo, la nueva ley expande la procedencia del amparo, de tal modo que ahora los quejosos ya no requieren acreditar el interés jurídico en un juicio de garantías para combatir actos de autoridad, basta un interés legítimo, que es menos riguroso.

Este tipo de interés (legítimo) se puede acreditar tan sólo con demostrar un vínculo de consanguinidad o afinidad con una persona que haya sido afectada directamente por un acto de autoridad, es decir, que un hermano, abuela, tío o pareja sentimental de un quejoso pueden solicitar en su nombre un amparo.

Además, la nueva ley permite la tramitación de demandas colectivas y se pueden promover amparos contra particulares que aplican leyes.

Lo anterior, sumado a los criterios recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de derechos humanos, ha llevado a que este tipo de litigios sean hoy sumamente utilizados.

De acuerdo con datos estadísticos recabados por el CJF, cada uno de los mil 205 jueces y magistrados federales tiene un promedio de 209 asuntos pendientes de sentencia, independientemente de los que se interponen cada día.

Desde abril pasado, el impacto de la ley sobre las estadísticas fue inmediato: el total de ingresos en ese mes fue de 92 mil 923 nuevos expedientes, 28 por ciento más que en marzo.

La reforma en materia de amparo, tan cacareada, ya está lista. Ahora el gran pendiente es mejorar la capacidad de respuesta institucional. Se requieren más jueces y más juzgados, advirtió Argüelles.