Cuauhtémoc Cárdenas, fundador y ex candidato presidencial del PRD, y Jesús Zambrano, actual presidente nacional de ese partido, culparon a los gobiernos federales –en turno desde 1982– de la situación de inseguridad y violencia que se vive en Michoacán, por el abandono en que tuvieron a esa entidad.

Cárdenas, quien gobernó ese estado, denunció que desde hace 32 años las administraciones federales lo abandonaron a su suerte en materia de seguridad. No obstante, concedió: ‘‘Lo importante es que lo que se vaya a hacer de aquí en adelante en el caso particular de Michoacán, y en general en el combate a la delincuencia, pueda ser efectivo. Yo espero que en Michoacán pueda restablecerse una vida tranquila y productiva para los michoacanos’’.

Al ser interrogado sobre la responsabilidad en la que incurrieron las administraciones estatales emanadas del PRD, Cárdenas aseveró: ‘‘Ha faltado mucho que hacer a los gobiernos federales desde 1982 a la fecha’’.

Por su parte, en conferencia de prensa, Zambrano coincidió con el ex candidato presidencial, aunque advirtió que la peor etapa por la que atravesó la entidad fue durante el gobierno de Felipe Calderón. Agregó que ese estado vive la situación más crítica y delicada de la última década, como consecuencia de la colusión entre las autoridades y el crimen organizado.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, aseguró que hasta el momento no se han presentado quejas ante ese organismo por la presencia de fuerzas policiacas federales y del Ejército en Michoacán. Agregó que al visitar aquella entidad (la semana pasada) lo que sí atestiguó ‘‘fue en buena medida una condición de inseguridad a tal extremo’’ que la población tuvo que tomar las armas. Sostuvo que las autodefensas surgieron a partir de esa inseguridad, ante una delincuencia que operó sin límites.

También refirió que se lleva a cabo una investigación por el caso Antúnez, donde hace dos semanas hubo un enfrentamiento entre grupos de civiles armados e integrantes del Ejército, donde resultaron muertas dos personas.

En tanto, las 74 organizaciones que integran la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos advirtieron que el gobierno federal ha impulsado en territorio michoacano una estrategia ‘‘fallida’’ y una táctica que, en los hechos, ‘‘se acerca a la disolución de los poderes del gobierno estatal’’.

Priorizar el uso de las fuerzas armadas y la militarización de las instituciones de seguridad pública no sólo no ha tenido un impacto pacificador en las comunidades afectadas, sino que se han agudizado el miedo, la violencia y la violación de los derechos humanos de los pobladores, enfatizaron.

Manifestaron su ‘‘más profunda preocupación’’ por los acontecimientos de las últimas semanas en aquella región y apuntaron que el recrudecimiento de la violencia ha dejado a la luz otras realidades: ‘‘El resultado de un largo proceso de descomposición de las instituciones del Estado, lo que ha propiciado diversas expresiones violentas de la delincuencia organizada y de otros grupos armados y, como resultado, se ha mermado el estado de derecho en el que se deben desarrollar las relaciones entre el gobierno y los habitantes’’.

Exhortaron a las autoridades a priorizar estrategias integrales de seguridad y desarrollo en aquel estado, así como en otras regiones también afectadas por la violencia, con el objetivo de asegurar el respeto irrestricto de los derechos humanos de la ciudadanía, para lo cual se deberá poner un especial énfasis en la situación de los desplazados.

Por separado, la Conferencia Episcopado Mexicano hizo un llamado al gobierno para reestablecer la paz en Michoacán, a partir de una visión integral y que sume a todos los miembros de sociedad, señaló el secretario general de esta organización, Eugenio Lira. Agregó que ya hubo una reunión del consejo de presidencia de la CEM y los obispos del país, en la que se analizó cómo se va a enfrentar esta realidad y se dio apoyo al obispo de Apatzingán, Miguel Patiño.