Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sostuvieron ayer una intensa discusión respecto de si el principio constitucional de presunción de inocencia debe ser extensivo a los procedimientos administrativos sancionadores en contra de funcionarios públicos y, en su caso, de particulares que sean investigados por presuntos actos de corrupción.

Al discutir una contradicción de tesis entre la primera y la segunda salas, los togados dividieron opiniones, porque el criterio que ha prevalecido hasta la fecha es que la presunción de inocencia sólo aplica para el derecho penal, ya que en estos casos está en juego lo más preciado de una persona, que es la libertad.

En la sesión, se inclinó una mayoría de seis ministros en favor del proyecto elaborado por Olga Sánchez Cordero, el cual plantea que dicho principio debe aplicar como una regla de juicio y una regla de trato para todos los casos del derecho.